El gobierno, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y la Procuraduría General, fijó posición ayer en torno al informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, y estableció que “constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana”.

La respuesta de las autoridades dominicanas está contenida en un documento conjunto leído por Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta del Ministerio Público, quienes afirmaron que la función del citado Grupo “no es la de sustituir las instancias jurisdiccionales internas de un país, sino entrar en acción solo cuando se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna o cuando estas garantías o procedimientos no existen en la realidad o no son efectivos como, por ejemplo, en una dictadura”.

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“El Grupo de Trabajo en su viciada opinión examina los méritos de la medida impuesta al acusado Rodríguez Sánchez, olvidando que en República Dominicana los jueces son independientes y que para poder jurídicamente cuestionar una decisión de los órganos de justicia, un imputado debe agotar primero todos los procesos internos, lo que no ha pasado en el caso en cuestión, por lo que esa opinión, constituye una grave intromisión que atenta contra la independencia del Poder Judicial de República Dominicana”, apuntó la magistrada Berenice.

La representante del Ministerio Público sostuvo, además, que como Estado miembro de la Organización de la Naciones Unidas “mantenemos la preocupación de que un organismo como este grupo pueda seguir procedimientos fácilmente burlados por personas manipuladoras, como en este caso donde predomina el objetivo de impedir ser juzgado por graves hechos de corrupción que manda a perseguir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)”.

Anunció, además, que en los próximos días el Ministerio Público presentará su escrito de defensa, “no porque le reconozca méritos, carácter vinculante o efecto jurídico alguno, sino porque en ninguna circunstancia República Dominicana puede pasar por alto tantas falsedades y difamaciones contra el país, el sistema de justicia, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y su familia”.

Afirmó que todo se produjo sin sustento, sin lógica, ni razonabilidad, “solo con la finalidad del acusado seguir torpedeando el proceso para que no se conozca el fondo de la acusación por decena de hechos ilícitos”. También calificó como falsedades y manipulaciones las informaciones frente al Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria.