La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reveló que investiga alrededor de 400 casos pendientes, heredados de la pasada administración, así también, en ocho meses liderando el órgano persecutor lleva más de un centenar de nuevos expedientes de presuntos actos delictivos.

En una entrevista concedida a los periodistas Huchi Lora y Edith Febles, la magistrada habló sobre los trabajos que lleva a cabo la Procuraduría.

«Son muchos,… porque habían cosas que venían de antes y la administración anterior ordenó parar a las personas que estaban en Pepca, le ordenó parar esa labor. Entonces nos encontramos una serie de proceso, algunos estaban en la Fiscalía y hubo que requerirlos», expresó.

La jurista indicó que esos casos atrasados deben ser analizados individualmente, ya que algunos presenta problemas de prescripción.

«Habrá que tomar una decisión con respecto a las investigaciones pendientes de la pasada gestión porque puede haber en algunos casos de prescripción, hay que verlos uno por uno porque hay casos de hace 10 años», precisó.

El pasado 31 de agosto de 2020, con apenas 15 días en el cargo ordenó a la fiscal del Distrito Rosalba Ramos la remisión de los expedientes de corrupción a la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), como parte de una reingeniería de la institución, enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito.

Esos expedientes incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.

Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.

Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.

Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.

También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.