Loyda Peña 
Miriam Germán Brito
La procuradora general Miriam Germán Brito rechazó ayer que el Ministerio Público bajo su dirección sea un instrumento político del actual Gobierno.
Afirmó que todos los casos de corrupción que se han judicializados hasta ahora es porque “las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”
Dijo confiar en que en el caso Calamar “el Poder Judicial sabrá cumplir con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos, para garantizar los fines propios de las medidas de coerción”.
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Asimismo reconoció como legítimo el que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso “y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial.
Sin embargo, consideró como “un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta política (venganza política) …”.
Resaltó que gracias al esfuerzo de trabajo conjunto que realizan la dirección de persecución, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, y la Procuraduría de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) dirigida por Wilson Camacho, “la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción contra más de una veintena de personas involucradas en un fraude al Estado que alcanzaría los RD$19,000 millones”.
Llamó a la ciudadanía a cuidar las formas y su derecho a estar vigilantes, “para evitar situaciones que generen perturbación al orden público y al libre tránsito.
En cuando a las autoridades encargadas de garantizar el orden público, la procuradora general dijo que “deben actuar con mesura” garantizando un uso racional de los medios coercitivos, “sin excesos ni abusos…”
