Participación Ciudadana acaba de sumarse al coro de voces que desde hace algún tiempo vienen reclamándole a la Junta Central Electoral (JCE) que en su condición de árbitro responsable de organizar las próximas elecciones haga valer su autoridad frente al desbordado proselitismo de los partidos políticos y sus candidatos, que de manera desafiante, probablemente convencidos de que no habrá consecuencias, han violado de manera flagrante las leyes 20-23 del Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Leidi Blanco, coordinadora de análisis políticos del movimiento cívico, pidió ayer al órgano electoral que le ponga freno a los caravaneos, a la contaminación visual que provoca la colocación de vallas por todas partes, así como a la desbordada publicidad estatal que nos sale hasta en la sopa, para lo cual sugirió recordarles a los partidos que lo que inició, el pasado 2 de julio, fue la precampaña. Y a seguidas lamentó que su inercia haya cubierto de impunidad el accionar de los partidos que iniciaron sus campañas a destiempo, lo que terminará fomentando el debilitamiento del sistema electoral.

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Pero también ocurre que esa inercia, esa falta de acciones de la JCE a la hora de hacer respetar las reglas del juego, se ha convertido en una debilidad de la que los partidos y quienes los dirigen se están aprovechando, y no es de dudar que en algún momento terminen extralimitándose, conocido su pobre compromiso con la institucionalidad, sino da una muestra contundente, como señalé más arriba, de su autoridad.

Y que sepan y recuerden sus miembros que no se les está pidiendo una misión imposible, algo fuera de su alcance y sus posibilidades, sino simplemente que cumplan con su responsabilidad de hacer respetar las leyes electorales. Aunque solo sea, como bien señala la coordinadora de Participación Ciudadana, para demostrar que representan los mejores intereses para la democracia dominicana.