-I de III- En la página 6A del periódico HOY, en su edición correspondiente al 25 de mayo próximo pasado, aparecen unas declaraciones que se le atribuyen a la presidenta de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Elena Viyella de Paliza, en las que se sugiere que en el país se imite el modelo educativo chileno porque el mismo “da prioridad a la calidad del docente para un eficaz aprendizaje”. La prestante dama entiende que “el Estado debe garantizar la calidad de la educación pero esto no significa que deba ser el único en proveerla”. A lo que nosotros agregamos que, si bien es cierto que el Estado no debe ser (aquí, ni lo es, ni nunca lo ha sido) la única identidad en proveer la educación de los ciudadanos, debe constituirse en la única en garantizarla, tal y como está consignado en Artículo 63 de la Constitución de la República, donde la educación es concebida como un derecho de las personas. Los planteamientos de la presidenta de EDUCA fueron inmediatamente refutados por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), profesor Eduardo Hidalgo, con expresiones como estas: “el sistema chileno privatiza la educación pública, y ha reducido los beneficios laborales de los docentes, por lo que es un modelo que no le conviene a la República Dominicana” (léase página 23 del periódico Diario Libre, 26 de mayo de 2015). Antes de proceder a enjuiciar lo dicho por ambos, consideramos pertinente que procedamos a ilustrar a nuestros amables lectores acerca del origen del modelo educativo chileno, el costo en vidas humanas de su imposición, y la lucha que todavía libra el pueblo chileno por deshacerse del mismo.

El siglo 20 es considerado por el historiador británico Eric Hobsbawm como “el más sangriento de la historia conocida de la humanidad”. La cifra total de muertos provocados por las guerras mundiales de 1914 y de 1941 se eleva a más de 187 millones de personas, equivalente a más de un diez por ciento de la población mundial de 1913. Si tomamos el año de 1914 como punto de partida, el siglo 20 ha sido un siglo de guerras casi ininterrumpidas, y el actual siglo 21 ya comienza a dar señales que habrá de superar al anterior en materia de pérdidas de vidas humanas en conflictos bélicos. En la América española esas cifras de muertos se vuelven aún más aterradoras si consideramos solo los muertos y los desaparecidos a causa de la represión, la guerra contrainsurgencia, las dictaduras y los golpes de Estado perpetrados ente 1945 y 1990.

Después de consumado el golpe de Estado que, en septiembre de 1973, derrocó el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, el cabecilla de esa asonada, el general Augusto Pinochet, organizó una represión de una amplitud y brutalidad desconocida hasta el momento en la historia de Chile. En materia de educación, para alcanzar su objetivo de “extirpar de la enseñanza el cáncer marxista” cualquier medio era bueno para él: arresto o ejecución de centenares de estudiantes y de profesores; cierre de varias facultades que ofertaban carreras que no eran del agrado de los militares al servicio de Pinochet; exclusión del derecho de matricularse a numerosos estudiantes que tuvieron que abandonar los estudios; destitución de directores de politécnicos y de rectores de universidades, entre otras bellaquerías por el estilo. Menos de un año bastó para que la Junta Militar de Chile presidida por el general Augusto Pinochet reorganizara la educación pública del hermano país, situándola bajo el control absoluto de las fuerzas militares e imponiendo un nuevo modelo de instrucción pública.

A pesar de que el modelo de educación de Chile todavía despierta cierta simpatía entre algunos empresarios y gestores de aquí, somos de opinión de que el mismo no debe constituirse en ejemplo a imitar por ningún país donde se respeten los derechos de las gentes y las normas de convivencia universalmente aceptadas.