Troi Orlando Espejo 
En el Senado de la República varios senadores están preparando un proyecto de Modificación a la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, con la finalidad de hacer más expedito y simplificado los trámites y procedimientos para la construcción de viviendas de bajo costo.
Fuentes cercanas a la creación de la pieza, explicaron en exclusiva a HOY, que la iniciativa aumentaría el monto para que se considere una vivienda de bajo costo de 3.8 millones que es en la actualidad, a 4.5 millones, con la finalidad de que la clase media profesional pueda adquirir su vivienda, beneficiándose del Bono Habitacional que otorga el gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El objetivo es buscar que miles de familias pudieran comprar su vivienda, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional y al crecimiento económico. Al mismo tiempo, más promotores y constructores de viviendas invertirían aún más en este sector, generando empleos productivos y desarrollo económico.
En el proyecto de modificación también sería modificado lo relativo a las entidades fiduciarias, responsables de administrar los fideicomisos. Muchas de estas entidades son propiedad de los bancos y la iniciativa pretende establecer requisitos para que la garantía fiduciaria no sólo sea el patrimonio fideicomitido, sino que éstas -las fiduciarias-, tengan la suficiente solvencia moral, económica y el respaldo financiero para garantizar a los inversores los recursos que aportan al fideicomiso.
“De aprobarse esta iniciativa, muchas fiduciarias medianas y pequeñas desaparecerían, ya que no cuentan con personal suficiente, capacitad técnica y económica, para garantizar solidariamente el patrimonio fideicomitido”, expresó una fuente ligada al tema.
Algunos de los legisladores autores de la iniciativa entienden que esto último pudiera afectar el derecho fundamental a la libre empresa establecido en la Constitución de la República en el artículo 50. Otros de los proponentes entienden que no y plantean que, si bien es cierto que la constitución prescribe el derecho a la libre empresa, la ley debe regular y establecer los requisitos para su ejercicio.
