Visitas a oficinas públicas de los ministerios, ayuntamientos, Palacio Nacional, así como del Sistema de Justicia encontramos una gran barrera para el acceso de la ciudadanía a los servicios que deben ofrecerse desde el Estado sin restricciones, esta barrera es la vestimenta.

Los requerimientos y restricciones sobre la vestimenta en nuestro país se convierten en una práctica de exclusión social y discriminación hacia los grupos vulnerables, sobre todo a las mujeres, una violación a los derechos que tiene toda persona en el país de recibir los servicios que debe ofrecer el Estado sin impedimentos.

Una de las principales imposiciones supuestamente “protocolares” son las mangas. Se le obliga sobre todo a las mujeres, cubrir los hombros para poder entrar a cualquier dependencia del Estado. Esta prerrogativa se asemeja a la que exigen los países musulmanes a las mujeres que deben tener en todo momento los hombros cubiertos en su presencia pública.

¿Por qué coincidimos con las matrices religiosas musulmanas en su prohibición a la exhibición de los hombros de las mujeres y su visión como una ofensa pública?.

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Tanto en el imaginario religioso musulmán como en nuestra sociedad (con imaginario religioso judeocristiano) se identifica el cuerpo de las mujeres como provocativo desde sus hombros y con ello ofensivo. Se responsabiliza a la mujer y su cuerpo del acoso sexual y se despoja a los hombres de su capacidad de autocontrol frente a las mujeres. Esta visión y sanción está sostenida en la desigualdad de género y el machismo que priva a las mujeres de libertades y derechos sobre su cuerpo.

¿Qué dificultades generan los hombros descubiertos para trabajar en una oficina, acceder a un servicio público o participar en una actividad en dependencias del Estado?.

Detrás de las restricciones en las vestimentas encontramos un imaginario cultural conservador y antidemocrático que le otorga carácter conductual. Se entiende que la apariencia refleja un tipo de conducta que puede quebrar la “seriedad” y “formalidad” de un espacio laboral, público o estatal.
No se puede hablar de libertades mientras existan restricciones y prohibiciones de acceso al ejercicio de derechos ciudadanos en los distintos sectores del Estado que se convierten en prácticas discriminatorias y violatorias de los mismos.

Estas restricciones se producen en contextos políticos de dictaduras, como ocurrió en la época de la tiranía trujillista en la que se establecieron códigos de vestimentas diferenciados y autoritarios que imponían formas de vestir para espacios públicos, actos sociales, lugares de trabajo y educativos. El ejercicio de la democracia se sostiene en el respeto a las libertades y derechos, mientras existan barreras absurdas como la vestimenta no podemos hablar de una democracia plena.