El informe del COE sobre las celebraciones de fin de año vuelve a demostrar que las motocicletas y quienes las conducen son un factor determinante en la crisis de seguridad vial que estamos sufriendo, pero también que se han convertido en un problema de tales dimensiones que resulta inmanejable para nuestras autoridades, a las que tampoco se les ve muy apuradas por buscarle una solución.

Y así lo muestran, por enésima ocasión, las estadísticas recogidas por el organismo hasta el primero de enero: 94 accidentes de tránsito ocurridos en calles, avenidas, carreteras y autopistas del país, en 77 de los cuales estuvieron involucradas motocicletas.

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A los que andamos todos los días en las calles esas estadísticas no son motivo de sorpresa, y no dudo que muchos de nosotros concluyamos que, por la forma en que vemos conducir a los motoristas, resultan realmente pocas; pero eso no evita que el problema preocupe, sobre todo porque no se está haciendo nada para detener tantas muertes.

He escuchado a mucha gente decir y repetir en estos días que las razones del Gobierno para no ocuparse de lo que se tiene que ocupar es la campaña electoral, pero si eso fuera enteramente cierto habría que concluir que este país ha estado en una permanente campaña electoral durante los últimos veinte años. ¿O alguien recuerda algún esfuerzo serio y sostenido, de este y los gobiernos anteriores, para enfrentar el problema?

Prohibir su circulación en determinadas fechas y celebraciones tampoco tiene mucho sentido ya que, para su efectiva aplicación en todo el territorio nacional, sería necesario desplegar todos los agentes de la Digesett, la Policía, y el Ejército (hay poco más de tres millones de motocicletas circulando), sin dejar de señalar su dudosa legalidad en un Estado de Derecho.

Con razón insistía tanto el doctor Milton Ray Guevara, presidente saliente del Tribunal Constitucional, en la necesidad de que cada dominicano conozca su Constitución.