¿Qué vamos a hacer con los motoristas? No es una pregunta retórica, de esas que no esperan ni necesitan respuesta, sino más bien un grito de impotencia. Y es que no hay manera, como sabe cualquiera que salga con frecuencia a las calles, de que respeten las señales de tránsito ni los semáforos, que simplemente parecen no existir para ellos.

Con el agravante, como también sabe todo el mundo, de que la autoridad responsable de velar porque respeten las leyes, léase la Digesett, se muestra incapaz de lidiar con el enorme problema que representan para la seguridad vial, ya que su incidencia en la letalidad de los accidentes de tránsito (estadísticas del Intrant indican que en el 67% de los accidentes de tránsito en el país están involucradas motocicletas) nos colocan entre los primeros lugares de la región y del mundo.

La recién concluida celebración de la Semana Santa volvió a ser, otra vez, la mejor muestra de esa situación, pues de las 34 personas fallecidas durante el asueto, según el reporte final del Coe, 18 se produjeron por accidentes de tránsito con motocicletas, lo que representa un 53%. Sencillamente demasiado.

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Lo que uno no quisiera es que, con el correr de los días y los afanes que siempre traen consigo, ese dato, o mejor dicho esas vidas que se perdieron, terminen olvidándose o diluyéndose en la indiferencia como si nunca se hubieran producido; y los motoristas continúen como chivos sin ley, sin que autoridad alguna, insisto, se ocupe de impedirlo o, por lo menos, intentarlo con seriedad.

Como tantos otros problemas a los que la indolencia, devenida en política de Estado, ayudó a crecer hasta alcanzar dimensiones inmanejables, no parece haber forma humana de obligarlos a respetar las leyes de tránsito, y por vía de consecuencia tampoco de evitar los accidentes que provocan y su trágico saldo de víctimas.

Y lo mas triste y doloroso: a las autoridades “competentes” (las comillas son inevitables) eso no parece importarles ni preocuparles.