San Salvador.- El Movimiento Ampliado LGBTQ+ de El Salvador denunció este lunes una serie de retrocesos en materia de derechos para esta población y tildó de “ilegítima” la reelección de Nayib Bukele, quien el sábado pasado fue investido para un segundo mandato consecutivo por un período de cinco años (2024-2029).
“Reconocemos los retrocesos que han marcado los últimos 5 años”, como “la disolución de la Dirección de Diversidad Sexual, la derogación del decreto ejecutivo 56, que prohibía toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género” en el Gobierno, dijo en una conferencia de prensa la activista Karla Guevara.
Al leer un comunicado del Movimiento Ampliado LGBTQ+, Guevara advirtió que también se ha dado la exclusión de esta población en la atención en salud pública y educación, además del “archivo injustificado de propuestas legislativas”, como una ley de identidad de género y no discriminación.
“Estos eventos, junto con una reelección presidencial ilegítima, no solo representan una mala gestión del Gobierno, sino también el fin de 32 años de democracia participativa”, subrayó Guevara.
La activista señaló que, a las puertas de la Marcha del Orgullo del 29 de junio, “enfrentamos un escenario adverso marcado por vulneraciones a derechos humanos y retrocesos significativos».
Dijo que estos retrocesos “están marcados en un proceso de destrucción deliberada de la democracia” enmarcado en el régimen de excepción (vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos humanos), además de persecución a organizaciones humanitarias y a periodistas.
Guevara agregó que en la Marcha del Orgullo de 2024 ven un oportunidad para reafirmar su existencia y dignidad, “en un mundo que a menudo nos niega ambos».
El sábado anterior, Bukele tomó posesión de un segundo mandato consecutivo, que está prohibido por la Constitución, sin abordar temas relacionados con derechos humanos, población LGBTQ+, víctimas de la guerra civil, entre otros.
Centró su discurso en defender la legitimidad de su segundo quinquenio y las medidas de seguridad, enfocadas principalmente en un régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales. Además, prometió “sanar” la economía, pero dijo que habría que tomar “medicina amarga” para ello.