Entre las diversas maniobras fraudulentas que se habrían hecho durante la gestión de Jean Alain Rodríguez como Procurador General de la República, resalta el soborno supuestamente solicitado para la contratación de la empresa que instaló el Laboratorio de ADN Forense del INACIF por un monto de RD$47,501, 890.00.

Según la acusación del Ministerio Público contra los 63 imputados en el caso Medusa (41 personas y 22 empresas), el 30 de mayo del 2018 la PGR suscribió un contrato con Rowell Guzmán Martínez, representante de First Medical Depot by Guzmán, S.R.L, para suministro de equipos e insumos para poner en marcha el laboratorio de identificación de ADN, y acordó pagarle los 47.5 millones de la siguiente manera: un 20% treinta días luego de la suscripción del contrato; 30% al finalizar la adecuación del espacio; 30% al finalizar la entrega de los equipos, y el 20% restante con la entrega y puesta en marcha del laboratorio.

Indica que por la adjudicación del proyecto Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Stefano Canó Sacco, condicionarían el cuarto y último desembolso a que la empresa les entregara a ellos el 20% del total de la obra equivalente a RD$9, 500,378.00.

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Dice que luego de hacer los primeros tres pagos a First Medical Depot by Guzmán, SRL, Rodríguez Imbert, ex Director General Administrativo y miembro de la comisión de compras de la PGR, habría convocado a Claudio Manuel Jiménez ejecutivo de la empresa contratada, al despacho de Canó Sacco para “socializar” sobre el desarrollo del proyecto.

Agrega que en esa reunión Canó Sacco (quien ostentaba el cargo de Director Unidad/Area del Despacho del Procurador General Jean Alain y hoy es testigo a cargo del MP), le recordó a Jiménez Pérez que la liberación del último pago estaba condicionada al pago a ellos del 20% del costo del proyecto sin los impuestos, por haberle asignado el contrato a First Medical, a lo que el representante de la empresa contestó que pagarían el dinero exigido pero a partir de la ejecución del último pago pendiente.
Indica que el último pago del Contrato No.0186/2018, a favor de la empresa First Medical Depot by Guzmán, SRL, por un monto de RD$9,500,378.61)” fue liberado por la PGR el 27 de junio del 2019.

Ay, mis cuartos!

De acuerdo con la acusación, el 9 de septiembre del 2019 la encargada de Serología y la Coordinadora del Laboratorio de ADN, licenciada Mariela Sánchez Ramírez y doctora Jessica Román, respectivamente, emitieron un informe técnico denunciando “la incapacidad de análisis forense que tenía el equipo adquirido Sciex GeXP Genetic Analysis System, porque las especificaciones técnicas del analizador genético comprado no se ajustaban a las necesidades forenses que dieron lugar a la solicitud y creación del Laboratorio de ADN Forense del INACIF”.

Indicaron que para alcanzar resultados forenses sería necesario la preparación de un tinte o reactivo especifico, lo que conllevaría el uso de productos que no garantizarían un resultado preciso y por ende provocaría que los resultados arrojados por ese proceso serían altamente cuestionados.

Dicho informe fue enviada por el director del Inacif Francisco Gerdo a Jean Alain y a Canó Sacco, quienes través de Rodríguez Imbert convocaron a Jiménez Pérez (quien todavía no había pagado el soborno del 20% que se le exigió por la concesión del proyecto), a una reunión en la Procuraduría.

En esa reunión Canó Sacco lo cuestionó no solo sobre la denuncia hecha por las dos funcionarias del Inacif sobre la inefectividad de los equipos instalados por First Medical, sino también por el incumplimiento del pago del soborno que se había comprometido a pagar. Esta vez lo habría amenazado diciéndole que de no pagar prepararían un expediente y sería apresado.

Tras la amenaza, a principios de noviembre del 2019 “Claudio Manuel Jiménez Pérez pagó en efectivo de la suma de cuatro millones de pesos RD$4,000,000.00) a través de Rafael Antonio Mercede Marte” quien fue enviado a su oficina por Rodríguez Imbert a recoger el dinero. Como no lo envió completo, Rodríguez Imbert lo llamó para exigirle y Jiménez Pérez le rogó que lo esperara “2 ó 3 días” para completarle el monto acordado. Transcurrido ese plazo ambos se reunieron en un Café de una estación de gasolina en esta capital, y allí le Jiménez Pérez le entregó RD$2.5 millones, explicándole que no estaba en condiciones de pagarle más en ese momento debido a que había incurrido en gastos extraordinarios para poder cumplir con los compromisos asumidos para el Laboratorio que le había representado un cargo extra de RD$1,200,000 que no le habían sido reembolsados. La lectura de la acusación del caso Medusa continuará próximo martes cuatro.