Para estafar y desfalcar al Estado con más de RD$21,000 millones, los 46 imputados en el caso Calamar habrían creado un “holding criminal” utilizando el organigrama estatal a partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General, dirección de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Catastro Nacional, Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto, según la acusación del Ministerio Público.

Dice que desde esa plataforma los imputados crearon un programa de financiamiento de contratistas en el cual el total de los pagos se elaboró en violación a la ley y a las reglamentaciones administrativas.

Lo tipifica como “una mega operación de lavado de activos”.

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Resalta que para proceder al pago irregular de los más de RD$21,000 millones con los que habrían estafaron al Estado, los imputados incluso “falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado y “constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado”.

“El ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción”, afirma la acusación del MP.

Puntualiza que para poder ocultar los fondos ilícitos que habrían obtenido, “falsearon la declaración jurada de bienes”.

Todo lo que hicieron

Según la acusación, el “holding criminal” además adulteró fecha de registro y de firma de contrato “para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público” por medio de contratos de negociación simulados; accedieron a préstamos y líneas de créditos que en algunos casos excedieron los USD 45 millones de dólares sin ninguna garantía.

Asimismo crearon la necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, “y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de dicha organización criminal”.

Obras Públicas y OISOE

Para esos fines, dice el MP, “la cabeza de la mafia gubernamental” requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras, como es el caso de Obras Públicas y la OISOE, “listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”.

El órgano acusador asevera que también formaron “una fuerza de tarea del crimen” que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado para que tramitaran los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos”.