Vive profundo dolor la comunidad asentada en la ciudad cuna de la Constitución impactada desastrosamente por una explosión seguida de incendios que han costado la vida, en registro provisional, a once personas y dejado en estado crítico a un número similar y a muchos lesionados por el efecto desbordante de llamas y los escombros de una gran destrucción de bienes. Un siniestro de horror que no debía tener lugar en espacios de vida urbana por los que discurran seres humanos ajenos totalmente a los riesgos altísimos que moraban tras las paredes de edificaciones ilegal e inadecuadamente utilizadas para el almacenamiento y manipulación industrial y comercial de sustancias inflamables y susceptibles de estallar que dejaron sus trazas en el lugar aunque faltara precisar todavía el origen del estallido. Desconocía el digno y laborioso pueblo de San Cristóbal que estaba en la lista de los posibles escenarios de catástrofes de cíclica aparición que derivan de la ausencia de controles al tránsito y empleo de materiales de alta peligrosidad sobre los que debería existir una implacable supervisión para que no sigan llevando luto a familias dominicanas.
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Autoridades de todo tiempo, y poco rigor, han permitido históricamente que se instalen fabricas y expendios de combustibles y otros materiales riesgosos en lugares poblados o que surjan usos habitacionales donde ya existían operaciones incompatibles con los vecindarios. Ha faltado ley y aplicación sobre uso de suelos.