l Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) y un conjunto de organizaciones entregaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados/as, Alfredo Pacheco Osoria, en demanda de que el nuevo Código Penal Dominicano, que se encuentra en proceso de aprobación, incluya excepciones que no haga sancionable el aborto: cuando la vida y salud de la mujer esté en peligro, cuando existan malformaciones o caracterizas que son incompatible con la vida y cuando sea resultado de una violación sexual, incesto y pederastia.

El documento fue entregado por un grupo de mujeres que realizaron un Plantón en las afueras del Congreso de la República Dominicana. Esta manifestación contó además con el apoyo y participación de diversos espacios y organizaciones de sociedad civil, tales como el Movimiento #Apoyo3causales, CIPAF, CONAMUCA, CE-MUJER, Centro de Estudios de Genero de INTEC, la Asociación Tu-Mujer, COLEHT, UDEMU y RepúbliKa Libre, el Instituto de Género y Familia de las UASD, entre otras.

En la carta dirigida a los diputados y diputadas, el movimiento de mujeres advierte que la penalización absoluta del aborto constituye una gran injustica social, un grave problema de salud pública, una violación a los derechos humanos y un acto de violencia estatal, por lo que urge una respuesta del Estado y en especial del Congreso.

Señalan que la prohibición y criminalización absoluta del aborto violenta los derechos establecidos el artículo número 42 de la Constitución Dominicana, que establece que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica”.

Además, indica la carta, esta prohibición absoluta del aborto ignora las obligaciones internacionales del Estado Dominicano de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Advierten a los legisladores que “ya ha sido establecido por los órganos de garantía de los derechos humanos que la penalización absoluta contraviene la prohibición de la tortura, tratos crueles e inhumanos, y reproduce la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”.

El FFMP y el conjunto de organizaciones señalaron que éste nuevo congreso y gobierno tienen la oportunidad de superar los más de 136 años de desfase del Código Penal actual y lograr que el país cuente con una política penal que responda a las necesidades de hoy en día y a la voluntad del pueblo.

“Es momento de rescatar el consenso logrado en 2014, en la sociedad dominicana que incluyó a gremios, movimientos sociales, clase política y ministros. De acuerdo a encuestas realizadas, 79 % de los dominicanos y dominicanas está de acuerdo con el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, 76 % está de acuerdo con aborto por malformaciones del feto incompatibles con la vida y el 67 % cuando es por violación o incesto y pederastia”. (Untold Research)

También señalaron que la inmensa mayoría de las legislaciones en el mundo que han avanzado en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres cuentan con códigos penales que definen y sanciona el feminicidio íntimo, no íntimo y conexos, despenaliza el aborto en sus 3 causales, define y sanciona las violaciones, incestos, pederastia y elimina y sanciona el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

El FFMP y demás organizaciones de mujeres reiteraron que la penalización absoluta del aborto atenta contra los derechos humanos de mujeres y niñas, especialmente: el derecho a la vida, al más alto nivel posible de salud, a no ser sometidas a torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Además de que va en contra de principios constitucionales, como el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, la libertad de conciencia e integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad. Además de que significan maternidad forzada a mujeres y niñas, muchas de ellas víctimas de violación o incesto.

También señalaron que la penalización absoluta del aborto conlleva a su práctica clandestina en condiciones inseguras y peligrosas, que muchas veces se traducen en muertes. En el país ya se ha registrado que el 13% de las muertes maternas es a causa de abortos inseguros, afectando principalmente a las personas que no tienen los recursos económicos para pagar la atención médica adecuada.