La República Dominicana lo que necesita es un muro jurídico para controlar la migración ilegal haitiana, y no necesariamente un muro a todo lo largo de la frontera.

Así lo expresó el alcalde de Santiago, Abel Martínez, al plantear su rechazo a la construcción de un muro en la zona fronteriza de Dajabón, por considerar que la prioridad es organizar la casa en cuanto a la migración ilegal, y luego levantar la valla que detenga el tráfico de personas y el contrabando de productos.

“El picazo del domingo lo que viene es a agravar la situación de irregularidad de más de un millón de haitianos que residen en el país, porque los que están ilegales su meta principal es traer familiares antes que terminen el muro.

“Entonces, antes de hablar de la construcción del muro, que no lo es, porque es una valla, lo que se debe hacer primero es organizar la casa, organizar la República Dominicana en cuanto a la gran cantidad de extranjeros ilegales que residen en el país”, refirió.

El pasado domingo el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para la construcción del muro fronterizo, que tendrá un costo de 1,7500 millones de pesos, y una longitud de más de 50 kilómetros.

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Rechaza se reforme otra vez Constitución

El alcalde Abel Martínez consideró que las intenciones del Gobierno, de introducir una reforma constitucional para darle independencia al Ministerio Público, no es más que una distracción al no tener soluciones para los principales problemas nacionales.

El funcionario municipal, que aspira a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó además que resulta contraproducente que se pretenda una nueva reforma a la Constitución cuando todavía faltan alrededor de 20 leyes por aprobarse, correspondientes a la modificación constitucional del año 2010.

A su entender, ese Ministerio Público independiente que promueve el Gobierno a través de una reforma será solo un cambio de nombre, porque lo que subyace es el deseo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que se elimine el 50 más uno para ganar elecciones presidenciales en la primera vuelta.

El PRM envió al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de ley de reforma constitucional para que se debata la propuesta, enfocada en la independencia del Ministerio Público, y el procurador no lo designe el Poder Ejecutivo.