Cada 8 de marzo se conmemora de manera especial la lucha de las mujeres del mundo en contra de la igualdad. En este 2018 en la República Dominicana continuamos viviendo desigualdades e injusticias históricas que afectan a la mayoría de la población, y que son vividas en mayor profundidad por las mujeres, independientemente del ámbito territorial, urbano o rural y del ciclo de su vida, niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores.
El análisis que presenta este documento del CEG-INTEC destaca información sobre las tendencias que se observan en el estado de situación de mujeres y niñas de zonas urbanas y rurales en el país al 2018 en comparación con los hombres, y cómo esos datos son el reflejo de grandes retrasos para el ejercicio de derechos de las mujeres y para el desarrollo humano del país.
1.Distribución desigual del crecimiento económico: Pobreza y Desarrollo Humano
La principal característica del análisis del crecimiento económico en el país es su inequitativa distribución. A pesar, de los importantes avances de los últimos 25 años en desarrollo humano, este progreso es lento y desigual en el caso de determinados grupos, especialmente de las mujeres. El país continúa clasificado en el renglón de Desarrollo Humano Alto, ubicándose en la posición 99 de 188 países, mejorando 2 posiciones con relación al informe de 2015, cuando obtuvo la posición 101.
El mejor desempeño se obtuvo en la dimensión de ingresos, seguida por la esperanza de vida al nacer y el acceso a educación. Sin embargo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) disminuye en un 21.7%, cuando se ajusta por desigualdad, presentando mayor desigualdad en la dimensión de ingreso, seguida por la dimensión de educación y la de salud, reflejando que, a pesar del elevado dinamismo en la generación de riquezas, existen segmentos importantes de población dominicana que enfrentan limitaciones para beneficiarse de los frutos de este crecimiento.
2.Brechas en la Autonomía Económica.
Trabajo remunerado, empleo y desempleo.
A pesar de las normativas vigentes y los avances en los niveles educativos de las mujeres, existen importantes brechas en la inserción y condiciones laborales de las mujeres con relación a los hombres, lo cual que limita el ejercicio de sus derechos económicos y sociales, independientemente de su edad, su nivel educativo, su residencia en zona urbana o rural y nivel de ingresos.
3. Autonomía física: el derecho a la salud, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra la mujer
La mortalidad materna es un indicador de gran relevancia para valorar el impacto de las políticas públicas en materia de salud sexual y salud reproductiva. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, la República Dominicana logró descender la mortalidad materna de 101.8 en el 2014 y 99.3 en el 2015 y a 90.1 por cada 100 mil nacidos vivos en el 2016, lo que representa una reducción de un 9.2%. A pesar de ello seguimos siendo uno de los países de la región con tasas más altas al sobrepasar el promedio de82 por 100 mil nacidos vivos.
Violencia contra las mujeres.
Según muestran las ENDESAS (2002, 2007 y 2013) se observa un aumento creciente de la incidencia de la violencia contra las mujeres en los últimos 15 años especialmente la ejercida por la pareja y ex pareja. La proporción de mujeres que reportaron violencia física, emocional y sexual creció de un 28% en 2002 a un 35% en 2013; mientras solo la violencia emocional se incrementó del 18% a 31% en igual periodo . La violencia emocional es la más frecuente de todas (31%), seguida por la violencia física (19%) y la sexual (10%).
La incidencia de la violencia es mayor en los siguientes tipos de mujeres: las separadas, viudas o divorciadas (48%), las que tienen cinco o más hijos/as (50%), las que tienen educación primaria entre 5-8 años (42%), las del quintil más pobre (40%), las adolescentes y jóvenes (40%) y quienes residen en la zona urbana (36%) .
Esta problemática en el país es el resultado del gran desequilibrio sociocultural de poder que hay entre hombres y mujeres, y del machismo preponderante como lógica social, a la vez que se verifica un mayor empoderamiento de las mujeres, sin una mejora en las relaciones de poder que repercute en más agresividad en los hombres .
Baja Participación femenina en las estructuras de poder
Se continúa verificando una baja participación en la representación de las mujeres en los espacios políticos de toma de decisiones, a pesar del aumento de las mujeres en las candidaturas y de tener un mayor nivel educativo con relación a los hombres. Por ejemplo, en la junta monetaria, donde se toman las principales decisiones de índole económica, este organismo está compuesto por 10 integrantes, dentro de las cuales solo hay una mujer y funge como secretaria.
En el poder ejecutivo, si bien una mujer ocupa el cargo de vicepresidencia de la República, la participación femenina continúa siendo minoría a nivel ministerial, donde apenas 4 mujeres ocupan los puestos de ministras de 22 ministerios existentes (en áreas de la educación superior, mecanismo de la mujer, salud y juventud), realidad que se ha mantenido por décadas, a pesar de que las mujeres constituyen alrededor del 63.6% del total de la nómina del sector público .
Conclusiones y recomendaciones
El análisis que se muestra en este documento evidencia la persistencia de desigualdades por razones de género en la República Dominicana, las cuales continúa privando a mujeres y niñas de derechos y oportunidades fundamentales. Para eliminar estas desigualdades y aumentar el empoderamiento de las mujeres y niñas, se requiere de esfuerzos más efectivos y enérgicos. Para avanzar hacia la igualdad, se precisa de:
• La definición y ejecución de políticas públicas que tomen en cuenta las necesidades y vulnerabilidades de hombres y mujeres durante todo el ciclo de vida, identificando riesgos y brechas en función del género y la edad, priorizando intervenciones claves y mejorando el uso de recursos escasos.
• La revisión de las políticas y programas en ejecución, y la elaboración y puesta en ejecución de nuevas políticas,junto a la aprobación de nuevos marcos jurídicos, para combatir la discriminación profundamente enraizada en los planos sociales, económicos y culturales, como resultado de la división sexual tradicional de trabajo, las actitudes patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan.
• La formulación de políticas universales de salud, educación y erradicación de la pobreza y con sistemas de protección social universal, especialmente para la niñez, la adolescencia y adultas mayores.
• Garantía de las tres autonomías de las mujeres (física, económica y política) y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos sensibles al género, visibilizando a las poblaciones más vulnerables.
• En las reformas legislativas se precisa de superar los persistentes vacíos que afectan a las mujeres y limitan el ejercicio de sus derechos humanos como:
o La prohibición absoluta del aborto y en consecuencia aprobar la despenalización en tres causales en el Código Penal.
o El cumplimiento del mandato constitucional de la laicidad del Estado.
o La promulgación de una ley integral para la prevención, atención y sanción a la violencia de género.
o La aprobación de una ley de salud sexual y salud reproductiva, que promueva el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
o Legislaciones referentes a la conciliación entre la esfera laboral y la familiar, y en particular el reconocimiento de la igualdad de derechos de las trabajadoras domésticas.
• La implementación de políticas de educación integral en sexualidad.
• La superación de debilidades en la aplicación de las normas existentes y la reglamentación de la participación política de las mujeres en condiciones de paridad.
Existe el convencimiento de que la República Dominicana, al igual que los países del mundo, no podrá avanzar en el desarrollo humano y sostenible, si las políticas públicas no acompañan a las personas en las diferentes etapas de sus vidas, respondiendo a los riesgos y vulnerabilidades particulares de cada una de ellas.
Este momento representa una oportunidad para llamar la atención a las autoridades y a los movimientos sociales sobre la gravedad de los problemas de las desigualdades, inequidades y exclusión de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía.