Por veinte años se me negó el visado regular a Estados Unidos por mi militancia contra el intervencionismo militar y la represión auspiciada por ese país. También tengo clara orientación heterosexual. Ese no ha sido el caso de nacionalistas de ocasión, así como de jerarcas religiosos que han sido en extremo cautelosos para reprimir la pedofilia en su ministerio confesional.

Sin embargo, es potestad de representantes extranjeros que en un país supuestamente democrático como el nuestro, expresen preocupación por la corrupción galopante y descarada, así como por la impunidad manifiesta en todas las instituciones del Estado, lo que afecta la vida política, económica y social dominicana.

Recordamos que en 1963, los llamados “mítines de reafirmación cristiana” fueron auspiciados por la cúpula de la Iglesia, realizados incluso en el seno de cuarteles militares, allanaron el camino al golpe de Estado de ese año; y cuando el pueblo salió a recuperar el orden constitucional perdido y se produjo la intervención extranjera, esa cúpula nada dijo; aunque sí hubo muchos sacerdotes “rasos”, que se solidarizaron con el pueblo en su lucha y rechazaron la intervención. Pero los tiempos van cambiando, al menos parcialmente. Desde el gobierno norteamericano se alzan voces altas en favor de la democracia y los derechos humanos. Desde el Vaticano también se repudia la pedofilia y la plutocracia tanto civil como clerical.

No estoy de acuerdo con que diplomáticos en activo amenacen públicamente con retirarle el visado a ciudadanos del país donde actúan; aunque tienen perfecto derecho a hacerlo en la práctica y a opinar sobre la situación del país. Lo que es inconcebible y carece de elemental prudencia institucional, utilizar el estatus marital de un Embajador para tratar de descalificarlo, cuando se sabe que el matrimonio de cualquier tipo es una institución de orden público y como tal debe ser respetado en todas partes; sin importar su carácter; mientras apenas se toca la prevaricación y la impunidad de nuestra justicia al más alto nivel imaginable; en un país en que ha predominado la violencia doméstica y el abuso infantil, así como la tradicional licencia eclesiástica para ejercer el apareamiento y la paternidad ilegítima sin mayores consecuencias.

Hay que felicitar a los embajadores de la Unión Europea y Estados Unidos por sus posturas, porque si algo debe merecer la solidaridad nacional e internacional es precisamente la lucha contra el secuestro de las instituciones del Estado y del sistema electoral; el abuso de la autoridad policial, judicial y administrativa y la corrupción e impunidad generalizadas que padecemos los dominicanos, lo que pone en peligro la seguridad personal, económica y social de la República.

Los que llaman “serios” a los secuestradores de las instituciones y sabios a los grandes culpables del estado de putrefacción social que padecemos, sin mencionar siquiera a sus perpetradores, son verdaderos “sepulcros blanqueados”, que pretenden ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. !Qué falta hace un Meriño, quien enfrentó gallardamente a Santana y a Báez por sus prácticas antidemocráticas!

Por eso debemos aplaudir las denuncias que hacen desde Europa, Norteamérica, Latinoamérica y el mundo sobre los atentados a los derechos democráticos del pueblo dominicano, para evitar que ésto termine en una catástrofe política y social.