Loyda Peña 
La defensa técnica de Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, dos de los imputados en el caso Calamar, rechazó ayer que sus clientes hayan hecho acuerdos con el Ministerio Público a cambio de ser beneficiados en el futuro con contratos de obras públicas, del Estado.
El jurista Manuel Fermín García dijo que sus clientes decidieron acudir voluntariamente por ante la Procuraduría general, “para aclarar su participación” en el supuesto entramado de corrupción que encabezarían Donald Guerrero y José Antonio Peralta.
Agregó que también fue voluntaria su decisión de “devolver íntegra las ganancias que recibieron a propósito de los pagos por concepto de expropiaciones.
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Explicó que fue luego de comprobada la veracidad de las informaciones que ofrecieron al órgano de persecución, que “se estableció formalmente un esquema de colaboración entre ellos con la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con la condición de que la información proporcionada por ellos pudiera siempre ser corroborada mediante otros medios de prueba.
“Nuestros representados no tienen ninguna vinculación con el Grupo Cat, empresa con la que supuestamente se suscribió un contrato que establecería un mecanismo de pago con obras futuras; “y nunca han discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza”, aseguró.
Con relación a la empresa Trossachs Enterprises, negó que esta recibiera RD$7,615 millones del Estado a través por expropiaciones. Asimismo, rechazó que sus clientes fueran beneficiados con pagos derivados del “Programa de financiamiento de contratistas del Estado”, el cual involucró un monto de más deRD$ 21,000 millones.
