El Gobierno y la opinión pública deben rechazar la amenaza de paralizar nuevamente el transporte nacional de combustibles, convocada por el poderoso Sindicato Autónomo de Choferes Transportistas de Petróleo y sus Afines (SACPTA) para los primeros días del mes de julio.

En una nota de prensa calzada por su secretario general, Clemente Morillo Uribe, el gremio anuncia una reunión de su Comité Ejecutivo para el martes 1 de julio, durante la cual espera la aprobación mayoritaria de una huelga tanto de transportistas y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP). Exceptúan de la protesta “aquellas empresas con las que han alcanzado acuerdos salariales”.

Alza salarial, por tanto, es el argumento del poderoso SACPTA, una demanda rechazada categóricamente por las compañías distribuidoras de combustibles, cuyos representantes han remitido sendas cartas al presidente Danilo Medina y al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, en las que anexan una tabla con las revisiones salariales periódicas realizadas para beneficiar a los conductores.

Demuestran que los transportistas de las distintas empresas distribuidoras, excluyendo beneficios indirectos de seguro médico, seguro de vida, etc., ingresan entre RD$61,000 y RD$92,000 mensuales, dependiendo del volumen de venta. Dichos montos exceden los sueldos normales de un amplio segmento de profesionales públicos y privados.

Según afirman, las empresas desarrollan un proceso de revisión salarial que “asegure ingresos competitivos a nuestros choferes”. Citan a Texaco y Dipsa, como empresas que ajustaron sueldos en 20 y 21 por ciento.

Convocar un paro de transportistas de combustibles es imprudente, porque afectaría las negociaciones que el SACPTA sostiene con los empresarios, bajo la mediación del Ministerio de Industria y Comercio. Acciones de ese tipo trastocan la economía; atentan contra el crecimiento, la estabilidad y la cooperación que son los baluartes del presidente Danilo Medina.