El soborno, la acción y efecto de corromper o sobornar a alquien con dádivas para conseguir a cambio algunas cosa, ha sido práctica habitual y recurrente, profundamente arraigada dentro de las relaciones políticas, de negocios, profesionales, sociales y hasta interpersonales de la República Dominicana. Conocido también como cohecho, el soborno es el delito consistente en ganarse la voluntad interesada de otra persona física o jurídica, mediante dinero o regalos en especie.

A pesar del carácter delictivo que entraña, tipificado en nuesto Código Penal y sancionado en innumerables normativas éticas de instituciones democráticas modernas, no es fácil recordarse de alquien que ha sido condenado por la justicia dominicana tras incurrir en esa violación tan deleznable.

Prácticamente desde el nacimiento mismo de la República Dominicana el soborno ha prefigurado los contornos de la vida nacional. En los tiempos del General Pedro Santana, y gobiernos sucesivos, se compraba al rival con tierra; las dictaduras de Ulises Hereaux (Lilís) y de Rafael Trujillo corrompieron la política comprando enemigos y elabarderos. Y en nuestra democracia moderna, plagada de legislaciones y de alta tecnología, ningún gobierno ha escapado a las sospechas de cohecho.

Políticos, legisladores, regidores, jueces y periodistas son consistentemente blanco o sospechosos de recibir coimas-pago en efectivo-, regalos y facilidades provenientes del Estado, de manos de contratistas, de grupos empresariales, dispuestos a hacer correr el dinero a cambio de ver cumplidos sus objetivos.

La actual reforma constitucional para restablecer la repostulación del Presidente Danilo Medina, no podía aprobarse sin pasar por el tamiz de denuncias tan “graves”como insólitas. Ciertos asambleístas la han vociferado amparados en la inmunidad, los más osados amenazaron con querellarse ante el Procurador General.

Se habla de sumas astronómicas, pero faltan nombres. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.