Alfredo De la Cruz 
La desintegración institucional de Haití, de lo cual hemos hablado en otras ocasiones, ha hecho saltar todas las alarmas en varios países latinoamericanos, por la cantidad masiva de inmigrantes indocumentados y principalmente aquí, en República Dominicana, donde adicionalmente resaltan, las mujeres en estado de gestación quienes buscan, la gratuidad de un servicio de salud que, el gobierno haitiano no les provee.
El detalle es que, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en el Continente Americano, nunca le ha preocupado, la situación de los Derechos Humanos de los haitianos, no solo en los países del Caribe, Sudamérica, o Norteamérica, sino en el mismo Haití, donde el estado de los Derechos Humanos es vacilante.
Una muestra de ello es que aquel país está controlado, por organizaciones criminales que arrebataron, el monopolio exclusivo de la fuerza al propio gobierno y enseñorean hoy su “autoridad” en aquel país.
Todos recordamos, las tristes imágenes esparcidas por el mundo, cuando en meses pasados, fueron lazados y maltratados migrantes haitianos, de un grupo de 14,353 inmigrantes formado principalmente por haitianos, pero donde también había venezolanos, cubanos y nicaragüenses que se encontraban retenidas, en un improvisado y gigantesco campamento, bajo el puente internacional de Del Río, Texas, Estados Unidos, antes de ser expulsados de aquel país, a un Haití en estado de desintegración.
Particularmente, nos gustaría saber, dónde estuvo aquella vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones regionales que se catalogan como defensoras de los derechos humanos y que siempre envisten contra nuestro país. Nunca las vimos.
Nos interesaría saber también, dónde ha estado la CIDH, en las ocasiones en que los países de la Comunidad del Caribe, esto es la CARICOM, capturan a los inmigrantes haitianos, los detienen, en condiciones que violan sus derechos humanos y los devuelven a Haití. No hemos encontrado en la prensa internacional, comunicados de este órgano de la OEA denunciándolos.
Les recuerdo que la CARICOM, es la organización internacional para el fortalecimiento de las relaciones en esta región, fundada en 1973 y con sede en Georgetown, Guyana, de la cual Haití es un Estado parte que comparte, iguales rasgos étnicos y culturales que, los demás países signatarios, de este esquema de integración.
Por lo visto, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Comunidad Internacional, solo les preocupa, la situación de los Derechos Humanos de los ciudadanos haitianos aquí, en República Dominicana. Ahora, les preocupa también que, se estén deportando mujeres embarazadas. Ciertamente, cualquier situación que involucre mujeres en gestación, es algo muy delicado. Pero, la condición de estar embarazadas, en ningún país del mundo, exime de la obligatoriedad de estar documentados.
¿Por qué cuando, el entonces presidente Donald Trump, separó en Estados Unidos, madres de sus hijos aun bebes y en algunos casos recién paridas, ni la Comunidad Internacional, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, lo denunciaron?
Lo que ellos, en el caso dominicano, a lo sumo deberían de hablar es, del respeto a los Derechos Humanos de los inmigrantes indocumentado deportados y del cumplimiento de las leyes migratorias de República Dominicana. Eso es entendible, pero no que se inmiscuyan, en asuntos del orden interno dominicano.
Es por ello que, es muy pertinente y relevante el rechazo enérgico por parte de República Dominicana, del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que pidió al país, no expulsar mujeres migrantes embarazadas. Una posición del gobierno dominicano que concitó el apoyo de la sociedad dominicana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) que ofreció la posición del gobierno dominicano, calificó “injusta e inoportuna” la declaración de la CIDH debido a que República Dominicana cumple con el principio de no devolución de personas en peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en este caso de esas migrantes indocumentadas embarazadas no aplica.
Debe quedar bastante claro que, República Dominicana como Estado, tiene todo el derecho y el deber de controlar los flujos de inmigrante a su territorio y máxime con el descontrol en el apartado natalidad, señalado en las estadísticas servidas por el Sistema Nacional de Salud, dada por la propia Cancillería de que, el 30 % (24,376) de todos los partos en la red pública, en los primeros nueve meses de 2021, fue de madres haitianas.
Algo muy preocupante desde varios ámbitos de la seguridad que debe llamar a la atención de todos, pero principalmente desde el ámbito de la seguridad identitaria.
Es adecuado en este punto, recomendarles un libro del politólogo estadounidense, Samuel Phillips Huntington que, si bien, no lo suscribimos totalmente, en el caso dominicano, cobra relevancia conocerlo: ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense (Huntington, 2004).
Para finalizar destacar que, los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá se están reuniendo en Puerto Plata hoy viernes, en momentos en que redactamos esta nota, para abordar además de la promoción del intercambio comercial entre sus respectivas naciones, el tema migratorio.
Ese encuentro del presidente dominicano Luis Abinader, con los presidentes: Laurentino Cortizo, de Panamá y Carlos Alvarado de Costa Rica, es muy significativo porque ya, ellos han logrado que otros presidentes de Latinoamérica e incluso el Papa Francisco, presten interés a la situación de Haití. Es muy bueno que República Dominicana empieza ya, a enarbolar su voz en la Comunidad Internacional, de que no habrá una solución dominicana, a la situación de caos total de Haití.
