No hay consenso para reforma Constitucional. Es plausible que el Presidente Luis Abinader, habiendo designado por vez primera en la historia democrática del país una Procuradora General sin vínculos partidarios y haya asumido la lucha contra la corrupción como norte de su gestión, aspire a dejar una impronta en la Carta magna que garantice la consecución de esos objetivos, sin embargo el proyecto sometido ante el Consejo Económico y Social, de acuerdo a destacados abogados expertos en temas constitucionales, no cumple con las aspiraciones expresadas en los tres cometidos.

En adición a lo anterior, como remarcó FINJUS al través de su Vicepresidente Ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, “el éxito de una modificación constitucional debe partir de un consenso político, uno social y otro jurídico”, como lo fue la Constitución de 2010, y en este caso no hay consenso político porque los partidos de oposición la rechaza, quizás podría tener cierta legitimidad social gracias al CES pero carece de la jurídica por los pronunciamientos en contra de prestigiosos abogados constitucionalistas.

El objetivo de “robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y de la Administración Pública” se contradice cuando elimina la mayoría calificada de nueve votos en el Tribunal Constitucional, lo cual representa una garantía de consenso, cuando establece que el Consejo Nacional de la Magistratura puede destituir los jueces de las Altas Cortes, restándole esa atribución al Congreso y colocando en situación de dependencia de los Magistrados frente al organismo elector, solo para citar algunos elementos.

Le invitamos a leer: La reforma constitucional pende del costo y capital político

El objetivo principal, al cual siempre se refirió el Presidente Luis Abinader, de fortalecer la independencia y de que nunca más sea nombrado un dirigente político como Procurador, no queda plasmado en el proyecto sino en una ley, rebajando la categoría constitucional del Procurador General ya que la Carta Magna establece la forma de elección de los miembros de los entes constitucionales, por lo demás muchos juristas coinciden que eso se puede lograr mediante la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Publico.

En cuanto al consenso político, los tres principales partidos de oposición se retiraron de ese dialogo porque temen el objetivo fundamental es reducir el umbral para una segunda vuelta de 50% más uno a 40% más uno y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo les dio la razón cuando declaró: “no hay ningún obstáculo para que la Asamblea Revisora se reúna y disponga los elementos que se están sugiriendo u otros que se sugieran sobre la independencia de quien encabece la Procuradora y la despolitización de las Altas Cortes”. En: en lenguaje llano la Asamblea Revisora es soberana.

Sin el consenso político el gobierno no cuenta con el número de votos suficientes para aprobar la modificación constitucional y aunque algunos sectores albergan la esperanza de conquistar legisladores con métodos inicuos, como los aplicados en las reformas de 2002, 2016 y se intentó en 2019 o los más radicales amasan la posibilidad de un acuerdo con el Expresidente Danilo Medina a cambio de impunidad; frente a esas pretensiones el Presidente Luis Abinader será un valladar porque de lo contrario sería como arriar la bandera de la independencia del Ministerio Publico, la lucha contra la corrupción y la transparencia.