Lo poliédrico -un fenómeno de búsqueda prioritaria de aceptación popular que una vez se atribuyó al doctor Joaquín Balaguer cuando gobernaba- tiene asomos en el presente con flexibilidades gubernamentales en respuesta a reclamos sectoriales incluyendo los de la línea dura de grupos de intereses que tienen al país sin actualización de códigos de estratégico valor, sin freno a las acciones letales de la Policía que cuestionan el respeto absoluto a la vida y de alegres otorgamientos de beneficios laborales a servidores públicos que no garantizan una mayor calidad de servicios a los ciudadanos.
En la línea de cerrar el ciclo de 8 años en el poder y nunca jamás con todos los honores y validación en la historia brilla también un asistencialismo que ignora cánones universales y apela a un gigantismo publicitario que ha movido a críticas. Congraciarse con buena cara y sustanciosas concesiones permite celebrar conquistas laborales a médicos, maestros, productores de arroz metidos con premura y acrecentamientos de sus beneficios a la importación del cereal. Ahí está la obsequiosidad halagadora a motoconchistas, expresión atrasada y riesgosa que no merecería alientos oficiales legitimadores en un país en el que viajar sobre dos ruedas es lo que más vidas está costando en el transporte público.
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Si bien el 73% de la población mundial (incluyendo buena parte de la dominicana) tiene acceso limitado o carece totalmente de protección social, lo que perpetúa la pobreza en el mundo, está recomendado por organismos multilaterales que: «la protección no debe reducirse a dádivas en vez de impactar a la sociedad dotando a los pobres de herramientas para la autosuperación». Contundente objeción a la dadivosidad sin compromisos.
Y más aún, por parte del Banco Mundial se subraya la prédica de «poner en primer lugar a las personas en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos: se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder de sectores mayoritarios y la exposición a la violencia». En República Dominicana la conflictividad social está haciendo un daño que casi supera a la que genera la de la delincuencia. El desasosiego es también de mucha incidencia sobre los estratos de precariedades materiales aunque reciban funditas.
Organizaciones y «espacios de articulación social» como Foro Ciudadano, Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, la Red Urbana Popular, el Consorcio de Economía Solidaria Urbana Rural, el Movimiento Justicia Fiscal, el Foro Feminista Magaly Pineda dictaron su parecer recientemente en el sentido de que «El Gobierno fracasó en la implementación de una verdadera política social y de derechos durante el 2024 que derivara en prevención de la violencia de género, seguridad ciudadana, derecho a la educación sexual y la prevención de los embarazos en adolescentes, con lo que se evitarían los traumas relacionados».
POCA VALIDACIÓN
Reconocidas tribunas que monitorean el accionar del Estado no critican que los médicos ganen más dinero (ni desconocen que realmente lo merezcan); pero reprochan que las concesiones oficiales no hayan incluido una reafirmación de compromisos con la sociedad de parte de los beneficiarios. El especialista en el tema de la seguridad Social Arismendi Díaz Santana, no asignó mayor significado al incremento salarial a los profesionales de la medicina.
Resaltó que el convenio que dio paso a más sueldos a los médicos, que representará más de mil millones de pesos anuales a los contribuyentes, no contiene nada a cambio para la sociedad. De los catorce compromisos suscritos entre las partes empleadora y asalariados de hospitales, trece son de obligación para el Gobierno y uno solo para los médicos. «De nuevo, las autoridades renuncian al cambio prometido haciendo más de lo mismo», agregó.
El Colegio Médico Dominicano queda mediante lo pactado en la limitada promesa de incentivar el cumplimiento de las jornadas laborales establecidas y a no oponerse al monitoreo con medios electrónicos u otras vías a la verificación del cumplimiento de las jornadas laborales establecidas «sin que se incluyera un texto que exigiera productividad, evaluación de resultados y rendición de cuentas».
Educa, la expresión independiente de la sociedad con más calidad para demandar mejor educación en la nación, consideró excesivo en este mismo año un aumento adicional más de 10% a los maestros sin condicionarlo al incremento del desempeño de cada profesor.
Explicó que: «más allá del impacto presupuestario en el rubro docente que subirá en casi 11,000 millones de pesos el gasto en remuneraciones, este incremento representará para cada hogar dominicano el aporte de otros 2,500 pesos en promedio en pago de impuestos (directos y al consumo) para financiar el aumento de salario». Los hijos de Machepa alimentando la sindicalización que se sale con la suya.
INCUMPLIMIENTOS
El Gobierno ha cosechado embestidas de rechazo a sus criterios y características de los planes sociales que asume. El director de la entidad silenciosa pero contundente que es Ciudad Alternativa, Ricardo González, opinó en algún momento que predominan políticas clientelares que en nada han contribuido a disminuir la pobreza y recordó que está pendiente una agenda para este 2025 que incluiría la instalación de un diálogo institucional entre la sociedad civil, el Congreso, el Poder Ejecutivo y los actores interesados en una reforma a la ley de Seguridad Social 87-01.
Activos grupos comunitarios demandan «la asignación de fondos para el desarrollo de los programas dirigidos a reducir las vulnerabilidades ambientales y sociales predominantes». Frenar los desalojos forzosos con mecanismos e instrumentos legales emanados desde las autoridades correspondientes. Consideraron inaplazable garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios de salud y Seguridad Social «quitándoles los vicios de negocios para que garanticen derechos».
¿SOLO TEORÍAS?
«Lamentablemente, las desigualdades sociales son una realidad de los tiempos que vivimos (principalmente en América Latina y el Caribe) y es ante esa realidad que la asistencia social debe desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de equidad y bienestar para los individuos y comunidades más vulnerables». El anterior criterio es sostenido por la «Euroinnova International Online Education» con sede en seis países incluyendo Estados Unidos.
Pero al reconocer la importancia del asistencialismo reclama que esté dirigido fundamentalmente a personas en situación de necesidad extrema «sin dejar de promover la inclusión social y la mejora de la calidad de vida».
Lo ha dicho antes el Banco Mundial al recomendar una transformación en las relaciones de las sociedades con los Estados pero con acciones concretas: con esfuerzos en materia de desarrollo social que involucren a los gobiernos, las comunidades individuales, la sociedad civil, el sector privado y a los grupos marginados». Reclama un protagonismo multisectorial que no se quede en la superficie de halagar a los pueblos llenando sus ojos y poniendo alguito en sus estómagos con ayudas transitorias que no cambian sus destinos.
AUSTERIDAD INVISIBLE
Desde los polos mediáticos se formulan cuestionamientos a lo que ha pasado a ser denominado «Festival gubernamental de anuncios, publicidad y promociones no justificado.» Al hacerse eco de ese sentir que los medios tradicionales prefieren no destacar por razones obvias, el abogado Carlos Salcedo subrayó que:
«Un Gobierno encabezado por Luis Abinader, de un compromiso con la integridad y la austeridad, no puede ni siquiera explicar el dispendio de recursos que más bien buscan darle visibilidad a funcionarios».
En su opinión si el presente jefe del Estado prefiere dar una contundente prueba de su política de austeridad y prioridades para hacer eficiente el gasto público debe, al menos, reducir drásticamente las erogaciones no esenciales como la comunicación, publicidad y prensa gubernamentales. Se declaró opuesto a las campañas institucionales y comunicacionales que considera onerosas y exhortó a Abinader a solo impulsar campañas de divulgación por situaciones de fuerza mayor o estrictamente necesarias.
Salcedo considera que una auténtica reducción de gastos sería un paso fundamental hacia un Gobierno más eficiente y transparente «que no derrocha los fondos públicos» y en uno de sus más recientes artículos en el periódico El Día argumentó que: «Las únicas cuestiones necesarias son las campañas esenciales para garantizar la información al ciudadano con lo que el Gobierno ampliaría su promesa de reducir gastos innecesario y pondría de relieve la necesidad de controles legales y administrativos».