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Un joven manifestante recibió un disparo en la pierna pero se encuentra "fuera de peligro"/AP
Caracas– Nueve personas resultaron heridas, una de ellas de bala, durante una protesta de la oposición venezolana que este martes exigió devolver las facultades al Parlamento, elecciones y la libertad de sus dirigentes presos.
Un joven manifestante recibió un disparo en la pierna pero se encuentra «fuera de peligro», dijo a la AFP Ramón Muchacho, alcalde de un municipio de Caracas. Los demás lesionados tampoco revisten gravedad, añadió el funcionario, señalando que presentan «traumatismos», como una joven que fue atropellada por un motociclista en medio de refriegas.
Estos incidentes se presentaron en una de las principales autopistas de la capital, hacia donde se desvió una marcha opositora que intentó llegar al Legislativo, según Muchacho. Previamente, el diputado opositor José Olivares y Lilian Tintori, esposa del encarcelado dirigente Leopoldo López, denunciaron que grupos armados afines al gobierno dispararon contra la manifestación. «Colectivos de Nicolás Maduro nos disparan», afirmó Olivares en Twitter.
«Tuvimos que tirarnos al piso», indicó a su vez Tintori. Un día después de que la OEA declarara que en Venezuela hay una «grave alteración» de la democracia, unas mil personas intentaron marchar hacia la Asamblea, en el centro de Caracas, pero la policía lo impidió. Esto originó forcejos en medio de los cuales los uniformados lanzaron gases lacrimógenos que alcanzaron al presidente del Legislativo, Julio Borges, al excandidato presidencial Henrique Capriles y a diputados como el veterano Henry Ramos Allup.
Los políticos corrieron para resguardarse y terminaron fatigados y con los ojos irritados, constató la AFP. «Así se irrespeta la investidura parlamentaria», denunció Borges en Twitter.
El asambleísta Richard Blanco acabó en «terapia intensiva» por efecto de los gases, informó su partido. «Esto es dictadura y dentro de poco no habrá comida, ¿esto es lo que quieren para sus hijos?», gritaba a policías María González, enfermera de 56 años.
«Lacayos del imperio» . La mayoría opositora del Parlamento tenía previsto iniciar este martes un proceso para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada asumió brevemente las facultades legislativas y retiró la inmunidad a los diputados.
La sesión fue aplazada para el miércoles. En tanto, miles de partidarios chavistas se movilizaron hacia las cercanías del Legislativo para rechazar la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que anunció además gestiones diplomáticas para recobrar el «orden democrático», incluyendo una posible reunión de cancilleres. «Respaldamos a Maduro ante estos ataques que quieren un golpe de Estado. Rechazamos todos los actos de esos cancilleres lacayos del imperio», dijo Angelo Oliva, manifestante oficialista.
Durante la marcha, Diosdado Cabello, importante líder chavista, aseveró que «la OEA firmó su certificado de defunción». Maduro repudió el lunes la declaración del organismo, al que llamó «tribunal de inquisición». Los alrededores de la plaza adonde fueron convocados los opositores amanecieron custodiados por decenas de militares con vehículos antimotines. «Si el pueblo de Venezuela sigue presionando, sin amedrentarnos, vamos a ver el cambio en todos los niveles del Estado al punto tal de que Maduro va a tener que irse», dijo a periodistas el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, durante la concentración.
Remoción improbable . Las sentencias del TSJ generaron fuerte rechazo internacional y abrieron una fisura en el oficialismo, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, una chavista confesa, las denunciara como una «ruptura del orden constitucional».
Debido a ello, Maduro convocó a los podres públicos a una reunión -a la que no acudió el jefe del Legislativo-, en la cual se acordó la supresión de las más recientes medidas contra el Parlamento. Pero la oposición, que calificó los fallos como un «golpe de Estado», anunció que seguirá en las calles hasta que se respete a la Asamblea, cuyas decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que la declaró en desacato en enero de 2016.
También exige elecciones, aunque el presidente descarta un adelanto de las presidenciales, pautadas para diciembre de 2018. Los comicios regionales, que debían realizarse en 2016, fueron pospuestos y aún no tienen fecha, por lo cual la oposición exige un cronograma. Los jueces del TSJ «todavía desconocen a la Asamblea, no hay elecciones y hay presos políticos. Vamos a activar el proceso de remoción de magistrados», dijo Guevara.
La corte alega que el parlamento está en desacato por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral. Las posibilidades de remoción de magistrados son escasas, pues dependen del Poder Ciudadano, integrado por la fiscal, el defensor y el contralor, «aliados del gobierno», explicó a la AFP el constitucionalista José Vicente Haro.
