WASHINGTON. Con un nivel de popularidad históricamente bajo y acusado de abuso de poder por los republicanos que amenazan con presentar una demanda judicial en su contra, Barack Obama lejos de acobardarse desafía a sus adversarios y promete actuar por decreto en casos candentes como la reforma migratoria.
En lugar de caer en la inercia tradicional de los segundos mandatos presidenciales, el presidente estadounidense se transformó en un mandatario imperial con sed de poderes. Patalea con la Constitución e ignora las prerrogativas del Congreso. Al menos eso es lo que dicen los republicanos, furiosos de ver a Obama aprovechar de su poder ejecutivo para esquivar su obstrucción parlamentaria.
La tensión entre el poder legislativo y ejecutivo es tan fuerte que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, número tres en el orden de la sucesión presidencial, anunció que presentará una demanda judicial contra Obama por abuso de poder.
Los aliados demócratas del presidente consideran que este anuncio es una maniobra política, a poco más de cuatro meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, durante las cuales los republicanos esperan conquistar la otra cámara del Congreso, el Senado. Además los demócratas consideran que la validez jurídica de este procedimiento es dudoso y descartan cualquier riesgo para el presidente en los dos años y medio que le quedan en la Casa Blanca.
Los republicanos reprochan a Obama una serie de decretos que sobrepasan, según ellos, sus poderes reglamentarios, especialmente algunos detalles en la aplicación de algunos puntos de la ley de reforma del sistema de salud y una regularización temporal de algunos jóvenes sin papeles en 2012.
También lo acusan de haber ido muy lejos con el refuerzo de reglamentaciones para reducir la contaminación con carbono y que no informó de antemano al Congreso el reciente intercambio de prisioneros talibanes por un soldado estadounidense. A estas acusaciones se suma que la Corte Suprema decidió por unanimidad limitar el poder constitucional del presidente y considerar inválidos tres nombramientos por decreto realizados el 4 de enero de 2012 por Obama para la Oficina Nacional del Trabajo (NRLB, en inglés), mientras el Senado no estaba en sesiones.
El jefe de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, estima que la administración obedece únicamente «a las leyes que a ella le gusta».
Sus colegas en todo el país hablan de Obama como un nuevo «rey», un comentario que toca un punto sensible entre los simpatizantes de la facción ultraconservadora del Tea Party favorable a una reducción de poderes del Estado federal.
Boehner ya se lo advirtió directamente al presidente la semana pasada. Los estadounidenses «no confían en él para hacer cumplir las leyes», le dijo según un portavoz. Como resultado, la Cámara seguirá bloqueando este año un proyecto de reforma migratoria, una de las prioridades del gobierno de Obama.
Obama no se intimida. Obama no se deja intimidar con tanta acusación. Todo lo contrario. Los ataques republicanos dieron un nuevo impulso a una administración que parecía debilitada y desmotivada. «La clase media estadounidense no puede esperar que los republicanos del Congreso hagan cosas. Así que adelante, vayan, presenten la denuncia», dijo el presidente. «Mientras ellos no hagan nada no voy a excusarme por hacer algo». Lejos de acobardarse, el presidente le pidió a sus ministros que formulen nuevas propuestas para actuar en los próximos meses.
Algunos expertos en leyes consideran que Obama juega con el límite de lo que es constitucional. Pero según George Edwards, uno de los mejores expertos del poder presidencial, estas luchas de poder son frecuentes cuando la Casa Blanca y una o las dos cámaras del Congreso están en partidos opuestos.
«En el fondo no creo que se trate de una crisis de separación de poderes, pero es evidente que las tensiones son fuertes», añadió el Edwards, que trabaja como profesor en la universidad de Texas A&M. «En este caso no veo abusos importantes», aclara. Aún si Obama encuentra en esta estrategia un impulso para recuperar su energía, es poco probable que potencie por mucho tiempo su cuota de popularidad y ayude al partido demócrata para las próximas elecciones. Actualmente el presidente tiene un nivel de popularidad históricamente bajo. Con alrededor de 40% de aprobación.