San Pedro de Macorís. El Obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, expresó su desacuerdo con la implementación de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Dijo que ante esta controversial ley no se han dado los pasos correspondientes para que sea conocida y se haya preparado un protocolo para la aplicación de la misma.

El obispo expresó su preocupación por la manera en que se ha manejado la implementación de la legislación, sugiriendo que la falta de consulta y participación ciudadana ha generado un rechazo total entre la población.

El religioso señaló que la ley 1-24, destinada a regular ciertos aspectos de la vida pública, ha sido presentada como si la población fuera conformada por «corderitos».

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«Nos han querido introducir la Ley como si estuviésemos ante una población de corderitos, para no decir borregos, como si aquí no hay nadie que piense y entienda que se le está vulnerando sus derechos como persona», declaró Monseñor Santiago Rodríguez.

Señaló que introducir una ley así, a quemarropa, realmente deja mucho que decir de quienes la introducen, en este caso los legisladores, y de las autoridades que realmente no entienden que este es un país de democracia.

“Creo que ha sido una ley evacuada al vapor que no ha sido pensada ni analizada.” afirmó el obispo.

Resaltó que las cosas deben primero darse a conocer, consensuarse y al mismo tiempo ver los pros y contra que tiene, para que de esta manera no suceda lo que está ocurriendo en este momento.

El prelado católico declaró que es necesario que los legisladores eduquen y orienten a la población en ese sentido, pero comenzando por ellos mismos.

Con relación al diálogo que propone el presidente Luis Abinader con todos los sectores que han denunciado que la ley vulnera varios derechos, Santiago Rodríguez dijo que era lo primero que tenía que hacer, ya que no es debido dar un medicamento antes de tener unos resultados.

Agregó que lo que primero se debió hacer es lo que ahora se está proponiendo, un diálogo para que realmente se de entender el rechazo y la postura que tienen los mismos ciudadanos.

Indicó que lo que está en juego es la privacidad de una persona y que si esa misma ley se aplica al ámbito moral, realmente destruirá todo lo que constituye el secreto profesional y por ende, también, el propio que debe de guardar un sacerdote o un pastor que escucha a una persona.

Manifestó que la ley está al servicio del hombre y que todo lo que afecta directamente a la persona como tal, deja de tener valor.

Dijo que si se han equivocado, bueno, que esto vuelva atrás y se repiense de nuevo antes de seguir o querer forzar una situación que podría tener graves consecuencias, en el sentido de querer imponer una ley que ha sido rechazada, porque la ley no se impone.

Subrayó que la legislación debe ser una propuesta que facilite la asimilación del ciudadano, permitiendo que surtan los verdaderos efectos que se procura con la misma.