Los diputados Héctor Ramírez y Rafael Tobías Crespo apoyaron la sugerencia del obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Marte Castro, de que sea desmantelado el Centro de Retención de Vehículos que opera la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en el recinto del Canódromo.

La propuesta del religioso es que se cierre el local a donde son llevados -sin fecha de devolución- los vehículos retenidos a los ciudadanos por multas de tránsito.

Marte Castro dijo: “Tenemos que detenernos a analizar el incidente del Defensor del Pueblo y las autoridades de la Digesett, el canódromo debe ser desmantelado si en verdad aspiramos a una institucionalidad”.

Se refirió al conflicto entre el titular del Defensor, Pablo Ulloa, y agentes de la Digesett, cuando Ulloa intentó ingresar al Canódromo a investigar denuncia de ciudadanos por abusos en el remolque de los vehículos retenidos.

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Opiniones

Al respecto, el diputado Ramírez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se unió al criterio del obispo. “Estamos de acuerdo con la posición del obispo de Higüey (La Altagracia), de que sea desmantelado el Canódromo. Entendemos que es necesario”.

Sostuvo que el Centro de Retención de Vehículos se ha convertido en el “antro de corrupción, donde impera el desorden. A los ciudadanos que les son retenidos sus vehículos son extorsionados”.

Recordó que varias leyes y sentencias prohíben a los agentes de tránsito despojar a los ciudadanos de sus vehículos.

En tanto, Tobías Crespo, del partido Fuerza del Pueblo (FP), acoge en todas sus partes el planteamiento del obispo.

Reiteró que la Digesett viola los derechos fundamentales y la Constitución dominicana, cuando retiene vehículos a las personas, a lo que se suma la violación del derecho al libre tránsito y a la propiedad.