No deja de ser una ironía, amarga por necesidad, que haya diputados dispuestos a utilizar su poder para hacer y deshacer leyes para obligarnos a votar por ellos, pretensión que ya se convirtió en un proyecto de ley que cursa en la Cámara Baja, y que entre las sanciones que contempla para los que no voten figuran su eliminación de las ayudas sociales, impedimento para renovar determinados documentos y la prohibición de acceder a puestos públicos. Y no lo digo porque se trata de un gesto claramente antidemocrático dirigido y promovido desde el Congreso Nacional, cuyos integrantes están llamados a ser celosos guardianes de la democracia y su institucionalidad.

Lo pongo de esa manera, mis queridos lectores, porque los diputados y su comportamiento son una de las razones por las cuales muchos ciudadanos se han desencantado de la democracia, de ir a votar por este o por aquel cada cuatro años, pues al final del día es muy poco o nada lo que reciben a cambio de sus votos y las esperanzas y expectativas conque los depositaron en las urnas.

Puede leer: Los presidenciables (II)

Por suerte el proyecto de ley, de la autoría del diputado de la Fuerza del Pueblo Hamlet Melo, ha recibido un amplio rechazo, lo que incluye a especialistas que consideran que si el voto es obligatorio deja de ser un derecho. ¿Lo ignora el diputado que lo sometió? ¿Lo ignora la Fuerza del Pueblo, partido al que pertenece el susodicho?

Obligar a la gente a votar para reducir los altos niveles de abstención, como pretende el autor del proyecto de ley, es continuar buscando la causa de la fiebre que está matando poco a poco el enfermo donde nunca ha estado ni podría estar; en la sábana que lo cubre.

Pero demostrado está que pedirle a nuestros políticos que se autocritiquen, que reconozcan sus errores y desaciertos para que puedan superarlos, es pedir lo imposible. Más o menos lo mismo, a propósito de políticos incapaces de admitir que pueden equivocarse, que pedirle a Leonel Fernández que reconozca que perdió unas elecciones.