Nuestra democracia se encuentra en su momento más débil. Golpeada por el deterioro de la también débil institucionalidad que tenemos, cada vez más afectada por este gobierno, que no ha hecho nada para fortalecerla en lo más mínimo, por el contrario, la turbia transparencia y las respuestas ambiguas sobre el accionar del Estado en sentido amplio, son una muestra de lo que realmente carece de importancia para las presentes autoridades a cargo de la gestión pública.

Es natural ya escuchar a ciertos funcionarios decir que están en esa posición porque se lo pidieron, no porque lo necesitan, cuando se les cuestiona por cualquier tema relacionado a sus funciones y si se ven en un escándalo, la respuesta conveniente es que fue “tratando de hacer algo de buena fe”.

Existe un apagón informativo muy alto, y una exagerada inversión en publicidad e “influencers” de las redes sociales, ni siquiera con el fin de “hablar bien del gobierno”, su misión es solo “la omisión sistemática de críticas” o para “crear tendencias y escándalos faranduleros” que surgen de la nada y distraen la opinión pública. Son simplemente una barrera de contención que conduce el tráfico del debate abierto de las ideas a un juego de suma cero en el imaginario social.

Ahora, el Poder Ejecutivo se despacha con promulgar una Ley para convertir el Departamento Nacional de Investigación en una Dirección Nacional de Investigación, con una serie de artículos y párrafos que parecen estar escritos con un férreo sentimiento leninista y conceptualizada al mejor estilo orwelliano (a propósito de la novela “1984” de George Orwell).

La ley propone el manejo de datos de instituciones públicas y privadas, lo cual incluye asuntos personales que entrarían en conflicto, por ejemplo el secreto bancario y la privacidad que da la democracia en sentido estricto a la libre interacción de las personas y entidades privadas de cualquier tipo. Además, de tener el derecho de acceso a bases de datos de cualquier índole, sin la necesidad de una Orden Judicial. Esto sigue sonando a la ya mencionada, y reconocida, novela de Orwell.

El Ministerio Público ha insistido en decirnos que por primera vez es “independiente”, pero en el orden del discurso es un juego de palabras eficientemente absurdas. Nuestra composición del Estado desde siempre se ha dividido en tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. No hay tal independencia con tanto hilo vinculante con el Ejecutivo. Es pura fonética comunicacional o semántica organizacional. Estamos hablando de un sistema de gobierno que el PRM desea implementar basado en el temor a las libertades más elementales de cualquier democracia que se denomine decente.

Esta Ley 1-24, presentada por primera vez en el año 2021, pasó a comisión varias veces y por diferentes momentos de escándalos porque su interpretación puede apelar a intervenir en la libertad de prensa y opinión; sus artículos son tan poco profundos y a la vez nebulosos, que le otorga poderes altamente peligrosos y conflictivos a una Dirección que prácticamente se hace omnipotente en nombre del cuidado de nuestra soberanía nacional. El o la Ciudadana vista como una entidad, no asumiría una legislación tan siniestra a sus libertades sociales.

Parece que no es suficiente la efectiva compra de voluntades y opiniones que ha logrado este gobierno con el uso exorbitante de recursos en publicidad que le ha resuelto su quincena a cualquier persona que se haya dedicado a ser popular por las redes sociales, incluyendo, aquellas cuya audiencia no influye en las decisiones fundamentales del tejido social. El asunto es tener dominio y pase libre para la represión, el hostigamiento y la persecución.

¿Por qué se debe de gobernar con tanto temor y elevar la coacción gubernamental a estos niveles?

Este país cuenta con las herramientas para hacer buenas gestiones y lidiar con la diversidad de opiniones, la oposición y los desacuerdos comunes de la mecánica política social en el más gregario de los sentidos. No obstante, luego de tanto alardear de justicieros, ahora nuestros logros alcanzados en estructurar un estado de derecho convincente, están en un verdadero peligro. Al parecer ya entramos a la fase distópica de esta gestión de gobierno.