ODEBRECHT: A seis años del caso de corrupción más grande de Latinoamérica

Restan cuatro años para que Odebrecht pague la suma total acordada a la República Dominicana.

ODEBRECHT: A seis años del caso de corrupción más grande de Latinoamérica. Este jueves se espera conocer el veredicto final de la Justicia Dominicana sobre el nombrado “Caso de corrupción más grande de América Latina”. Se trata de los sobornos pagados por la empresa de construcción brasileña Odebrecht en la República Dominicana para la adjudicación de obras por un monto ascendente hasta los 92 millones de dólares que, según la investigación, fueron cobrados por algunos, hoy, exfuncionarios y representantes políticos desde hace 20 años atrás.

Para entender este caso es necesario conocer sus orígenes. La situación salió a la luz en marzo de 2014, a raíz de una investigación sobre lavado de dinero de la Policía Federal de Brasil a la que se denominó “Lava Jato” que al español podría traducirse como “Lavado a presión” o “Lavado de autos”, esto en referencia a que las pesquisas de las autoridades condujeron a un primer allanamiento en un lavadero de autos en la estación de gasolina «Posto da Torre» en Brasilia, capital de Brasil, del que se tenía indicios de que en el lugar se blanqueaba capital producto de operaciones de corrupción que dejaron beneficios de hasta 2,640 millones de dólares.

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Esta acción derivó de la denuncia del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Industria y Comercio, fabricante de máquinas y equipos de certificación. Además, se identificaron cuatro grupos delictivos dirigidos por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama y Raul Henrique Srour.

“Lava Jato” terminó involucrando a decenas de políticos y funcionarios brasileños. Uno de ellos Paulo Roberto Costa, exdirector de PETROBRAS, una empresa petrolera brasileña de naturaleza semi pública de propiedad mayoritariamente estatal y con participación extranjera privada, fundada en 1953, Costa había adquirido un vehículo a través de Alberto Youssef.

Esta acción llevó a profundizar las investigaciones que descubrieron indicios de que Alberto Youssef había recibido pagos indebidos de parte de empresas que ganaron contratos en la refinería Abreu y Lima, que a su vez es una planta de procesamiento de petróleo construida por PETROBRAS.

¿Cómo se conecta a Odebrecht con “Lava Jato”?

Este caso llamó la atención de las autoridades de los Estados Unidos que iniciaron una investigación más amplia sobre el tema. Llevándolos a conectar los sobornos de la compañía constructora a al menos 12 países. La investigación establece que la empresa Norberto Odebrecht, creada en 1944 creó en 2010 una caja que se conoció como «Sector de Relaciones Estratégicas» para disimular los sobornos que se realizaban en tres niveles.

La operación “Lava Jato” tuvo como principal eje a PETROBRAS y la investigación posterior señaló a los funcionarios de PETROBRAS Paulo Roberto Costa, Renato Duque y Pedro Barusco como los funcionarios que terminaban recibiendo el dinero producto de sobornos a través de cuentas bancarias de empresas Offshores cuya beneficiaria era la constructora. Otras empresas que no figuraban asociadas a Odebrecht y cuentas de banco de Offshores a nombre de los funcionarios corruptos.

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alerta a la comunidad internacional sobre el alcance de las actividades ilícitas de la empresa brasileña, lo que obliga a las autoridades nacionales a abrir una investigación sobre el caso, ya que la empresa tenía varios años operando en la República Dominicana.

A este punto ya se conocía la vinculación del periodista y publicista brasileño Joao Santana, principal asesor de campaña del presidente Danilo Medina, con las empresas Odebrecht y PETROBRAS.

La investigación señala que Odebrecht no solo pagaba sobornos para la adjudicación de obras, sino que, financió campañas políticas y ese es, precisamente el señalamiento que se le hace a Santana y su esposa, el de recibir dinero de Odebrecht a través de PETROBRAS para, según declaraciones de Joao, campañas en el exterior.

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En febrero de 2016 Joao Santana y su esposa viajan a Brasil a petición de la justicia donde Santana es apresado; 24 horas después Danilo Medina admite que el brasileño era su principal asesor de campaña.

Para diciembre de ese mismo año el Departamento de Justicia de Estados Unidos publica su informe sobre violación de la Ley de prácticas Corruptas y acuerdo entre dicho Departamento de Justicia y la empresa Odebrecht.

Implicaciones para la República Dominicana

Una vez conocidas las acciones de la empresa en América Latina y ante la insistente demanda social de respuestas sobre el caso en la República Dominicana, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, convoca en diciembre de 2016 a las instituciones del Estado y sus respectivos responsables para que depositen los contratos firmados con la empresa ante la PGR.

Para enero de 2017 se inician los interrogatorios a los involucrados, entre ellos, los primeros en acudir (en calidad de testigos) son: Mauricio Dantas Bezerra, director jurídico de la empresa Odebrecht; María Eugenia Batista, abogada de la constructora y Rodrigo Maluff Cardoso, también ejecutivo de la empresa.

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Estas tres personas fueron entrevistadas por el Ministerio Público respecto al acuerdo de lenidad y delación firmado entre la empresa y los representantes de la justicia dominicana. De estos tres, Dantas Bezerra, señaló al abogado Conrado Pittaluga y a Ángel Rondón como las personas que recibían el dinero de los sobornos. María Eugenia Batista quien dijo que desde el Departamento de Operaciones Estructuradas se hicieron pagos no contabilizados o ilícitos a las empresas Lashan Corporation, Newport Consulting, y empresa Conamsa, las cuales estaban relacionadas a Ángel Rondón y Conrado Pittaluga.

Asimismo, fue entrevistado Rodrigo Maluff Cardoso quien solo se limitó a decir que no tenía conocimiento de los hechos relacionados con la República Dominicana.

También, fue interrogado Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en el país, quien inicialmente indicó al Ministerio Público que desconocía si se habían pagado sobornos en República Dominicana, pero mencionó que la empresa tenía un representante comercial contratado en la nación señalando al empresario Ángel Rondón, quien negó el pago de sobornos.

También en enero de 2017 fueron interrogados por primera vez Ángel Rondón, empresario y representante de Odebrecht acusado de distribuir los sobornos, Radhamés Segura, exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), quien fue acusado de desfalco, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la firma de tres adendas que aumentaron el costo de construcción de la hidroeléctrica de Pinalito (en Constanza) en un 140% durante su gestión.

También, Alberto Holguín, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), quien para ese entonces ya tenía otros procesos abiertos por supuesta corrupción, pero que negó haber firmado contratos con la empresa brasileña durante su gestión.

Otro interrogado fue el exministro de Obras Públicas y exdirector de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Freddy Pérez, quien también negó haber firmado contratos con la constructora.

En esa ocasión Pérez dijo a la prensa “Yo estuve en la CAASD en el 97, estuve en INAPA en el 98, estuve en Obras Públicas en el 2004, estuve en la CAASD en el 2010, pero por alguna razón yo no firmé ningún contrato en ninguna de las instituciones con esa institución. Simplemente estoy aquí porque se me ha citado”.

Asimismo, fue interrogado Juan Roberto Rodríguez, también exdirector del INAPA, acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Supuestamente recibió pagos en cheques directamente de una empresa de Rondón y, además, le atribuyeron falsear su declaración jurada de patrimonio, ocultando numerosos inmuebles, productos financieros y empresas.

Y Andrés Bautista, en ese entonces presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero citado en su calidad de expresidente del Senado (2001-2006) por ser señalado por intervenir en la aprobación del financiamiento de obras durante los años en que fue presidente del Senado, falsear su declaración jurada de patrimonio y movilizar millonarias sumas de dinero en cuentas no declaradas.

Bautista diría que su vinculación al expediente se trató de una acusación política de parte de Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez.

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De su lado el también exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, (2000-2004), admitió haber firmado un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la  Hidroeléctrica Pinalito, por 131.7 millones de dólares, pero que este no se ejecutó porque el entonces presidente, Hipólito Mejía, no lo autorizó.

Además, transcendió que para 2018, en medio del proceso del caso Odebrecht, César Sánchez cobraba 350 mil pesos en la CDEEE y era miembro de la comisión que estudió la legalidad del proceso de licitación y construcción de la termoeléctrica Punta Catalina que construía la empresa brasileña durante el gobierno de Danilo Medina.

Para finales del mismo mes de enero, la Procuraduría General de la República recibió el pago de un bono de 30 millones de dólares de parte de la empresa brasileña como indemnización por los sobornos pagados en el país.

En febrero de 2017 se solicita la complejidad del caso, y se interrogan al abogado Conrado Pittaluga y a Leonardo Guzmán, este último yerno del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, acusado de poseer cuentas bancarias en las que se depositaba el dinero de sobornos pagados por Odebrecht.

También solicitan la homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht. Sin embargo, para marzo de este año, el juez de la Instrucción Alejandro Vargas declaró inadmisible el procedimiento utilizado para la solicitud de homologación del acuerdo.

Para ese mismo mes también son interrogados el exdirector del INAPA (2004-2007) y exministro de Obras Públicas (2007-2012) , Víctor Díaz Rúa, quien es acusado de favorecer a Odebrecht con contratos de obras, lavado de activos producto de infracciones graves, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio.

Además, fueron citados los senadores Reynaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo y Julio César Valentín. Pared y Lizardo fueron cuestionados en su calidad de presidentes del Senado por los contratos de préstamos aprobados para la construcción de obras por Odebrecht durante sus respectivos periodos al frente del Hemiciclo. En el caso del hoy exsenador de Santiago, Julio César Valentín, este fue vinculado por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada de bienes por su voto a favor de proyectos en los que se vio involucrada la empresa.

Asimismo, fueron interrogados Larry Shell y Henry Macual, directivos de Stanley Corporation que fue la firma que estuvo a cargo del área técnica del proceso de licitación de dichas plantas, cuya adjudicación a Odebrecht fue cuestionada por las demás empresas que participaron en el concurso.

Además, fue interrogado Abel Martínez expresidente de la Cámara de Diputados (2010-2016) para interrogarlo sobre los préstamos internacionales que se aprobaron en su gestión para obras construidas por Odebrecht y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado (senador 1998-2002) también por los contratos otorgados a Odebrecht durante su gestión.

En abril del 2017 la PGR sometió un acuerdo de colaboración para lograr que Odebrecht entregue información sobre los sobornos y el destino de esos fondos. En este mismo mes es autorizada la acción. También, la PGR solicitó una auditoría forense a las obras de Odebrecht.

Para mayo de ese año, y tras el envío de Odebrecht de la información solicitada por la PGR en abril, interrogan al exadminsitrador de la CEDEEE, exministro de Industria, Comercio y Mipymes, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, quien en ese momento admitió que recibió aportes de Ángel Rondón para las campañas 2008, 2012 y 2016 a favor del PLD. Montás negó que haya firmado contratos con la empresa.

También en mayo es designado el juez de la instrucción especial Francisco Ortega para conocer el caso. Asimismo, se ordena el arresto de Ángel Rondón, Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez, Juan Roberto Rodríguez, Bernardo Antonio Castellanos, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, Tommy Galán y Conrado Pittaluga. En esa ocasión el exprocurador Jean Alain Rodríguez diría “Están todos los que son y son todos los que están”.

Del 30 de mayo de 2017 al 7 de junio del mismo año se dieron las audiencias de conocimiento de medida de coerción. Francisco Ortega dictó prisión preventiva para nueve de los 14 imputados; dos arrestos domiciliarios y a Galán, Valentín y Pacheco se le impuso garantía económica e impedimento de salida.

En tanto que, a  Rondón, Díaz Rúa, Pittaluga, Montás, Bautista González, Sánchez y De Oleo le fueron dictadas medidas de prisión desde los 6 meses hasta un año en distintas cárceles. Mientras que para Segura y Rodríguez les fue impuesto el arresto domiciliario. En julio del mismo año se varió la medida a algunos imputados.

En los próximos seis meses serían variadas en distintas ocasiones las medidas de coerción a varios de los imputados dejándoles libres. Ya en enero de 2018 el Ministerio Público solicita una extensión del plazo para la investigación que le otorgado en febrero del mismo año.

Para mayo la PGR implicó en el caso a los periodistas Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo por su supuesta vinculación con el empresario Ángel Rondón y la posibilidad de que estos pudieran haber sido utilizados para la entrega de sobornos.

A finales de este mes se conoce la audiencia de solicitud de pruebas por parte de los imputados; y para inicios de junio se recibe información desde Panamá sobre familiares y empresas vinculadas a Odebrecht.

Para junio de 2018, el procurador, Jean Alain Rodríguez, anuncia que someterán a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arseno, Porfirio Andrés Bautista, Tommy Alberto Galán, Juan Roberto Rodríguez Hernández y agregó al exsenador Jesús (Chú) Vásquez, por soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los demás imputados fueron descargados por falta de pruebas.

También en ese mes fue ratificado Francisco Ortega como juez del caso y se conoce la audiencia preliminar. No obstante, decide enviar para agosto el conocimiento del juicio. El caso se aplaza para el 1ro. De octubre, desde esta fecha hasta enero de 2019 el proceso se estanca entre recusaciones y rechazo a la decisión del juez Ortega Polanco.

El Juicio continúa en enero de 2019, los próximos seis meses transcurren con el conocimiento de los detalles de las acusaciones en la etapa preliminar y la revelación de nueva información. Para julio de este año, Ortega Polanco envía a juicio de fondo a Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y a Ángel Rondón. Jesús Vásquez es descargado de la acusación.

En octubre se retoma el juicio, sin embargo se aplaza para finales de noviembre y luego para inicios de diciembre. Para 2020 el caso se ralentiza por la pandemia de la COVID-19 que azota al país, centrándose en la jurisdicción privilegiada del senador Tommy Galán hasta que en julio de ese año el imputado la pierde.

Sin embargo, el proceso se reanuda para septiembre de ese año, ya con todos los acusados en una misma jurisdicción. Galán abre la nueva etapa con su discurso de clausura, mientras los demás imputados lo hacen a mediados del mismo mes en el Primer Tribunal Colegiado.

También en septiembre, luego de tres años esperando los resultados de la investigación especial sobre once obras construidas en el país por Odebrecht ordenada a la Cámara de Cuentas por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el presidente de ese organismo dijo que tenía listo el informe provisional.

Asimismo, la nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, se inhibe del proceso de Odebrecht porque durante el conocimiento de la medida de coerción dio voto disidente y siendo jueza emitió “Juicios sobre la calidad de las investigaciones y sobre la pertinencia de las llamadas “delaciones premiadas»”. Además, anteriormente también se inhibió por su relación con Víctor Díaz Rúa.

Mientras eso pasaba, el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, anunciaba al país una nueva investigación contra los ocho acusados cuyos expedientes fueron archivados de manera definitiva por Jean Alain Rodríguez, revelando también que en su momento se dijo que su archivo era provisional.

Los casos archivados en junio del 2018, corresponden a Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Ruddy González, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Máximo De Óleo y Radhamés Segura.

Wilson Camcho anuncia Odebrecht 2.0, la nueva investigación sobre el caso y los abogados de los imputados aseguran que no se pueden introducir nuevas pruebas al proceso.

Para octubre de 2020 el Gobierno Dominicano anuncia la ruptura contractual con Odebrecht y dice convocará a licitación para el termino de las obras pendientes con contratos de hasta 222 millones de dólares.

También apoderan a la Inspectoría del Ministerio Público el caso del fiscal que archivó definitivamente los expedientes de ocho imputados en el caso Odebrecht.

La lectura de la acusación contra los imputados por el caso Odebrecht inicia el 5 de noviembre y se extiende hasta el 12 de ese mes, además, fijan para el 27 el conocimiento de objeción a los archivos. Para mediados de este mes inicia la respuesta de los imputados.

Para esta etapa y hasta finales de diciembre el juicio volvió a entrar en un estado de suspensión debido a la espera de la participación de los testigos brasileños pertenecientes a la empresa Odebrecht. La ausencia de estos testigos pospone el caso hasta enero de 2021.

Y es así como entre aplazamientos, declaraciones finales, argumentos y estratagemas de los abogados de los imputados mientras se espera la decisión final del expediente de los archivos y los testigos brasileños, que aún no llegan, arribamos a la recta final del caso de corrupción más grande de Latinoamérica.

Este jueves 14 de octubre de 2021, a las 3 de la tarde se dará lectura a la sentencia del caso en el que el Ministerio Público pide para los acusados de 5 a 10 años de prisión y el decomiso de todos sus bienes basado en la presentación de más de 1,200 pruebas documentales y el testimonio de 21 personas.

La responsabilidad de liberar o condenar a seis imputados de los 14 señalados inicialmente recaerá sobre las juezas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo.

La República Dominicana es quizás el único país que todavía no presenta una sentencia definitiva en un caso en el que todos los demás sistemas de justicia involucrados han determinado culpabilidad penal a más de uno de los implicados.