La empresa constructora Odebrecht afirmó que ha cumplido con todos los puntos del acuerdo firmado con las autoridades dominicanas en 2017, incluyendo el pago de US$60,000,000.00 y la entrega de documentos, por lo que no ve justificación para que el Ministerio Público lo rescinda.

También informó la disposición de testificar virtualmente desde la embajada dominicana en Brasil de Mauricio Dantas Bezerra, exdirector jurídico de esa entidad, y de Rodrigo Maluf Cardoso, propuestos por Ministerio Público como testigos en el “caso Odebrecht” que se ventila en los tribunales dominicanos contra seis imputados por supuesto pago de US$92 millones en sobornos.

Afirmó que la presencia de esos dos testigos no debe asociarse al abandono de Odebrecht a sus responsabilidades.

Refirió que en marzo del 2017 firmó un acuerdo de colaboración con el MP, el cual abarca su colaboración con las autoridades en las investigaciones; también el reparar al Estado dominicano y la implementación de un sistema de conformidad, indica un comunicado que se publica hoy.

Afirmó que cumplió con el primer pilar al entregar a la Procuraduría General de la República todas las pruebas, evidencias, acuerdos, información, documentos, data, reportes, declaraciones, testimonios, delaciones premiadas y otros documentos para la verificación de los hechos admitidos por sus ejecutivos y colaboradores vinculados a sus operaciones en el país.

En cuanto al segundo punto del acuerdo, refirió que “es oportuno reiterar que al día de hoy Odebrecht S.A ha resarcido al Estado con el pago de US$60,000,000.00, y la suma restante, bajo el acuerdo, se encuentra reconocida como una deuda pendiente de pago en el proceso de restructuración financiera judicial que cursa la empresa en Brasil, con la finalidad de poder afrontar todas las obligaciones frente a nuestros acreedores”.

Sobre el tercer punto indica que “los monitores independientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos certificaron que los sistemas de conformidad del grupo empresarial están diseñados e implementados para prevenir y detectar potenciales violaciones a las leyes anticorrupción”.

Manifiesta que “todo lo que, con informes semestrales, estaba en conocimiento del Ministerio Público de República Dominicana”.