EFE 
Río de Janeiro.– El órgano de combate a los monopolios en Brasil anunció hoy que ha abiertó una investigación contra carteles que manipularon licitaciones para la construcción de vías públicas en el estado de Sao Paulo con base en las confesiones hechas por la constructora Odebrecht en un acuerdo con la Justicia.
El Consejo Administrativo de Defensa Económico (Cade), órgano vinculado al Ministerio de Hacienda, informó en un comunicado de que Odebrecht aportó pruebas de que grupos empresariales se organizaron para manipular al menos ocho licitaciones de obras públicas en Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, colabora en diferentes investigaciones sobre corrupción en varios países tras haber admitido su participación en la gigantesca red que desvió recursos de la petrolera estatal Petrobras por al menos una década.
Según lo denunciado por Odebrecht, el nuevo cartel denunciado involucró a por lo menos 22 empresas, operó entre 2008 y 2015, y sus miembros se adjudicaron ilegalmente contratos para la construcción de vías públicas que tuvieron un costo de unos 10.000 millones de reales (unos 3.030 millones de dólares).
Las licitaciones bajo sospecha fueron lanzadas por Dersa, la empresa pública de desarrollo de carreteras en el estado de Sao Paulo, para la construcción del Anillo Vial Mario Covas y la ejecución del Programa de Desarrollo del Sistema Viario Estratégico Metropolitano de Sao Paulo, que incluye al menos siete importantes autopistas.
Odebrecht entregó “evidencias de conductas anticompetitivas consistentes en acuerdos para la fijación de precios, condiciones comerciales y ventajas en licitaciones; distribución de mercados entre competidores e intercambio de informaciones sensibles para frustrar el carácter competitivo de las licitaciones”, según el Cade.
Los empleados y exempleados de Odebrecht confesaron en un acuerdo con la Fiscalía en julio pasado que la manipulación de los contratos fue planeada en reuniones entre representantes de las empresas involucradas en las que definían el vencedor, los precios, las condiciones y los lotes de obras que cada grupo asumiría.
Según el Cade, los acuerdos de cooperación judicial con empresas permiten a sus suscriptores confesar la participación en crímenes, ofrecer informaciones y aportar pruebas a cambio, en este caso, de librarse de un proceso administrativo por la formación de cartel que puede impedirles participar en nuevas licitaciones públicas.
