QUITO. La empresa brasileña Odebrecht está dispuesta a reconocer y pagar íntegramente los daños causados al Estado ecuatoriano, dijo hoy que el director regional de la compañía en el país.

En una reunión con un grupo de periodistas, Mauro Hueb destacó que “lo más importante es decir que a partir de este acuerdo (con la fiscalía ecuatoriana) Odebrecht toma la decisión de cooperar en forma plena con el Estado ecuatoriano”.

Hueb destacó los términos del pacto con el ministerio público, del que no pudo dar detalles porque es confidencial, y aseveró que “estamos abiertos y a disposición de la fiscalía para suministrar todas las informaciones que necesite para poder llevar a cabo su trabajo”.

Añadió que “estamos viendo hacia el futuro de la compañía en Ecuador y la base principal es un cambio de postura y el cambio principal es un modelo de transparencia”.

El ejecutivo no dio detalles sobre el caso pero altos directivos de la firma admitieron en el pasado haber repartido en Ecuador 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios para obtener contratos de obras públicas.

Por su parte, el nuevo director de buenas prácticas corporativas de Odebrecht, Michael Munro, anunció una serie de medidas de transparencia para recuperar la confianza en todos los países, entre otras la suspensión de toda clase de aportes, entregas, regalos y donaciones y severos controles internos.

Añadió que “hemos ido país por país para tomar en cuenta los problemas y es por esto estamos aquí, hemos avanzado mucho… estamos en diferentes niveles de solucionar y hemos permanecido sumamente abiertos con cada gobierno y comprometidos a buscar una solución”.

El Fiscal General ecuatoriano Carlos Baca viajó en las últimas semanas a Brasil y Panamá siguiendo el rastro de los sobornos.

Por el caso permanece en prisión el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, y un empresario acusado de actuar como testaferro para la transferencia de un millón de dólares por parte de Odebrecht. La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.

El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de 1.600 millones de dólares con Odebrecht.