Aunque con rezago frente a otros muchos países de América Latina que han logrado mayores niveles de profundidad en sus mercados de capitales, la República Dominicana por fin ha dado un salto en su mercado de valores al anunciar que César Iglesias será la primera empresa en emitir acciones para el público en el país.

De esta manera, el mercado de valores alcanza su madurez e inicia una etapa que obliga al país a enfrentar dos desafíos para lograr un desarrollo sostenible de ese mercado: el de fortalecer una cultura de libros abiertos en la empresa privada, que no había sido la tradición, y el de que el país asuma cada vez un mayor compromiso con la sostenibilidad fiscal.

Aunque estar en bolsa representa un prestigio para las empresas que participan en oferta pública de acciones, también significa que las empresas deben ser más transparentes y suministrar más información al mercado en general, no solo al de valores.

Y de esta manera lograr un mejor gobierno corporativo. Pero esto requiere de un cambio de cultura.

Además, si bien es cierto que las empresas que participan en oferta pública de acciones la incorporan a sus opciones de financiamiento, ésta puede ser mucho más ventajosa desde el punto de vista de costos y de su volumen, no menos cierto es que con esta opción se asumen mayores riesgos, pues hay más variables envueltas como la coyuntura del país en el campo político, social y económico.

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Sostenibilidad

De ahí que el compromiso con la sostenibilidad fiscal resulta clave para el desarrollo de esta opción de financiamiento.

Ya el país cuenta con el marco jurídico para desarrollar la oferta pública de acciones: la ley 163-21 y sus reglamentos, que tienen por objeto el fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores a través de la creación de distintos incentivos al emisor y al público inversionista.

Entre los incentivos está la exención temporal por tres años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, de impuestos al aumento de capital realizado por sociedades cotizadas mediante oferta pública de acciones.

Además, disminución temporal por tres años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, de la tasa del impuesto sobre las ganancias de capital al vendedor de las acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores que se suscriban o negocien en el mercado de valores y sean parte de una oferta pública, la cual será de un 15 %.

También se concede un régimen especial de responsabilidad para los adquirientes de las acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores que se suscriban o negocien en el mercado de valores.