Los derechos fundamentales del ciudadano dominicano, por cuyo universal cumplimiento velan instituciones del Estado bajo un ordenamiento considerado satisfactorio. Sin embargo, desde que existe la Defensoría del Pueblo, las inobservancias en el cumplimiento del deber y de trato justo a la población desde ejercicios de autoridad han mostrado creciente incidencia. Una carga de trabajo en ascenso recae sobre esta entidad independiente establecida constitucionalmente para hacer valer prerrogativas personales y colectivas.

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En reportes derivados de sus permanentes atenciones a denuncias de desconocimientos de derechos salen a relucir en mayor proporción la faltas de cabales respuestas a los problemas de salud de ciudadanos seguidas por agresiones a integridades físicas y morales con negaciones a impartir justicia en casos particulares. En el renglón asistencial se destacan la imposición de cobros a pacientes en los hospitales de la red nacional y algo que los ciudadanos consideran un atropello a su dignidad: exigencia de pago de peaje para ingresar a los centros asistenciales, para recibir medicamentos y hasta para poder retirar cadáveres de las morgues.

En la gama de cuestionamientos a servicios institucionales, el Defensor del Pueblo se declara implícitamente abrumado por el uso de la violencia contra los detenidos en los destacamentos policiales, prácticas en el cuerpo del orden que la entidad no vacila en condenar públicamente, situándose del lado de la sociedad para demandar rendiciones de cuenta a la institución cada vez que ocurren con sangrienta simultaneidad los llamados «intercambios de disparos». Se da en el país (así denunciado por el propio Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa) una incapacidad desde instancia del Estado de comprender y apoyar los objetivos de la entidad que son, textualmente: proteger los derechos de las personas, fortalecer la Administración Pública y promover la cultura democrática. Las reacciones desde islas de poder contra el Defensor del Pueblo incluyen actitudes que llevan al titular del organismo a temer por su seguridad al inspeccionar cárceles para comprobar graves prácticas violatorias de custodias contra reclusos. Deplorablemente -y así lo certifica- la reforma policial no impacta como debe.