Ginebra.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció hoy una «alarmante» falta de control y transparencia en los procesos de vigilancia digital de los Gobiernos, lo que lleva a crecientes abusos del derecho a la privacidad de los ciudadanos.

«Las plataformas tecnológicas sobre las que la vida política, económica y social se basan son cada vez más vulnerables a la vigilancia masiva», afirmó la Alta Comisionada en rueda de prensa.»Cualquier captura de datos es potencialmente una interferencia con la privacidad, sin tener en cuenta si estos datos posteriormente van a ser consultados o usados», agregó.Pillay presentó hoy un informe elaborado durante más de un año en el que se examinan las legislaciones nacionales e internacionales existentes, decisiones judiciales y las respuestas ofrecidas por los Estados, ONG, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos a un cuestionario elaborado por su oficina.El informe fue solicitado el pasado diciembre por la Asamblea General de la ONU tras denunciar que se necesitan salvaguardas para evitar el abuso de los programas de vigilancia.

El texto, titulado «El derecho a la privacidad en la era digital» alerta de que las prácticas abusivas «son un hábito más que una medida excepcional», y que en la mayoría de los Estados hay una falta de legislación nacional que controle estos procesos.

«En algunos casos esas prácticas incluyen coerciones de facto a compañías privadas para proveer acceso a información y datos de individuos privados sin el conocimiento ni consentimiento de la personas afectadas», señaló Pillay.

«Este hecho está entorpeciendo los esfuerzos para la asunción de responsabilidades en caso de que se hayan producido violaciones a los derechos humanos, a pesar de que existe un claro marco legal internacional donde se establecen las obligaciones de los gobiernos para proteger los derechos a la privacidad», agregó.

Pillay alertó que cabe a los Estados demostrar que sus sistemas de vigilancia masiva no son ilegales y recordó que la privacidad es un derecho humano.

La Alta Comisionada asumió que, en ciertas ocasiones, es necesario vigilar digitalmente para ayudar a una investigación criminal o de inteligencia, pero en esos casos, advirtió, aún debe ser más fácil poder demostrar la legalidad de los procesos.

Dicho esto, urgió a que se creen instituciones independientes de control para verificar que los Estados no infringen la ley.

«Si bien el sistema judicial puede servir para determinar si la acción del Gobierno es contraria a la legislación vigente, la implicación de los jueces en el control no debería verse como una panacea», advirtió Pillay recordando la importancia de «la independencia» del órgano supervisor.

Con respecto al sector privado, la Alta Comisionada advirtió que cualquier colaboración con las autoridades que «contravenga la ley sobre derechos humanos implica un riesgo de complicidad con los eventuales abusos cometidos».

«El constante flujo de nuevas revelaciones muestra lo poco que sabemos sobre la naturaleza precisa de la vigilancia de los gobiernos, sobre cuánto se violan los derechos humanos, y cuánta responsabilidad se evade», concluyó Pillay, por lo que solicitó a los ejecutivos a que revisen sus leyes, las adapten, y creen los mecanismos necesarios para evitar abusos.