Una medida restrictiva, como la de imponer la vacunación obligatoria para frenar el aumento de casos y decesos por covid-19, debe tener «razones sanitarias legítimas» y cumplir con ciertos requisitos, opinó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, al comentar la decisión adoptada hoy en Austria.

El Gobierno austriaco aprobó un confinamiento general de al menos veinte días desde del lunes 22 y la vacunación obligatoria para toda la población a partir del 1 de febrero de 2022.

«Basándonos en principios generales de derechos humanos, lo que podemos decir es que la restricción de derechos por razones sanitarias legítimas, y eso incluye la vacunación obligatoria, debe cumplir con ciertas condiciones que están establecidas en el derecho internacional», señaló la portavoz Liz Throssell.

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Según dijo, tal medida debe ser objeto de una ley, considerarse indispensable para conseguir el objetivo legítimo que se busca y responder a una necesidad social urgente, que en este contexto es el aumento de casos de covid en varios países de Europa.

Además, las medidas o acciones que se tomen «deben ser proporcionales a los intereses que están en juego y a la meta que se persigue, y deben ser lo menos intrusivas posible.

Finalmente, Throssell sostuvo que una medida de este tipo no debe ser discriminatoria.

La portavoz recalcó que, aunque todo esto se cumpla, «los gobiernos deben hacer todos los esfuerzos a su alcance por convencer a la población de vacunarse» de forma voluntaria.

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Al ser consultada sobre este mismo tema, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fadela Chaib, reconoció que la vacunación obligatoria no está en la «caja de herramientas» que promueve esta entidad para frenar la pandemia.

«Las políticas de inmunización son decisiones nacionales y los países deben decidir sobre ellas. Las directivas de la OMS están dirigidas a demostrar el beneficio y la seguridad de las vacunas para lograr la mayor acepción posible de éstas, en lugar de imponer vacunaciones obligatorias», resumió.

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