El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Afroamericanos exhortó hoy al gobierno de la República Dominicana a tomar medidas para impedir las deportaciones arbitrarias y adoptar mecanismos para atender las acusaciones de racismo durante las deportaciones de personas de origen haitiano.

En un comunicado distribuido hoy, los expertos se refieren a informaciones que indican que al menos 19.000 personas han dejado la República Dominica y entrado en Haití desde el 17 de junio “ante el temor de que se produzcan posibles violaciones de sus derechos cuando las deportaciones comiencen oficialmente en agosto».

“Nadie debería ser deportado si existen razones legales y válidas para permanecer”, dijo la experta Mireille Fanon Mendes-France, presidenta del grupo de expertos.

“Los migrantes son sujetos de protección y las personas dominicanas de origen haitiano tiene el derecho de residir de manera segura en el territorio, así como los menores nacidos en la República Dominicana que hayan sido legalmente registrados”, agregó.

“La República Dominicana no puede violar ni las normas internacionales, ni los mecanismos de protección del sistema Inter-Americano de Derechos Humanos, y, especialmente, no puede violar su propia Constitución”, enfatizó la experta.

También señaló las dificultades para obtener los documentos necesarios para registrarse en los procesos de regularización y deportación y la falta de información sobre el plan de deportación y las deportaciones.

El Grupo de Trabajo reiteró su llamamiento a las autoridades de la República Dominicana “para que adopten una legislación transparente y efectiva, al igual que otras medidas para combatir exitosamente la discriminación y la exclusión social que afrontan la mayoría de las personas migrantes haitianas y las personas de origen haitiano en el país».

“La República Dominicana no reconoce la existencia estructural del racismo y de la xenofobia, pero debería atender estos asuntos de manera prioritaria para que el país pueda vivir libre de tensiones y temores”, insistió Mendes-France.

En 2013, la Corte Constitucional decidió revocar la ley que concedía la nacionalidad a miles de haitianos indocumentados residentes en la República Dominicana y a sus hijos nacidos en el país, que habían obtenido la nacionalidad.

Estas personas corren el riesgo de ser deportadas pese a la ley aprobada el año pasado para su regularización, con criterios muy restrictivos y que exigía su inscripción en un registro antes del 17 de junio.

Tras expirar el plazo para inscribirse entró en vigor la segunda fase del plan, que prevé el inicio de los operativos de repatriaciones.

La ONU ya ha criticado en varias ocasiones que la ley que facilita la nacionalidad dominicana no incluya a aquellos que no fueron inscritos al nacer, que son la mayoría de los afectados.