El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas aprobó hoy por consenso una resolución para recabar información sobre la situación en Afganistán, pero rechazó la petición de activistas afganos y de otros países de crear una comisión internacional que vigile y preserve pruebas de la actuación de los talibanes.

Los 47 Estados que forman el CDH desoyeron esos pedidos y adoptaron sin discusiones una resolución preparada por Pakistán (principal aliado externo de los talibanes), en la que se pide a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que mantenga informada a esta instancia de la situación en el terreno, sin mencionar a los talibanes.

“Pedimos una comisión investigadora, que hagan un seguimiento y que informe, que reúna las evidencias de violaciones y abusos, y que promueva la rendición de cuentas”, dijo la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Shaharzad Akbar, al participar por teleconferencia desde Kabul en la sesión de urgencia convocada por el CDH para examinar la situación en Afganistán.

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Akbar dirige una de las instituciones afganas más respetadas. Varios de sus colaboradores han sido asesinados o intimidados en los últimos años por su trabajo en favor de la justicia y de una sociedad inclusiva donde los derechos humanos de todos -incluidas mujeres, niñas y minorías étnicas- sean respetados. Algunos países europeos y latinoamericanos pidieron en sus intervenciones que se creara ese “mecanismo robusto” que pedía no sólo Akbar, sino también la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

“Pido a este Consejo que tome acción de forma audaz y decidida, en proporción con la gravedad de esta crisis, y que establezca un mecanismo dedicado a hacer un seguimiento cercano de la evolución de los derechos humanos en Afganistán y de si los talibanes cumplen sus promesas”, planteó Bachelet. También el embajador de Afganistán reconocido por la ONU en Ginebra y nombrado por el anterior gobierno, Nasir Ahmad Andisha, dijo que Afganistán necesita un mecanismo “que investigue violaciones pasadas, que contribuya a que se haga justicia y a que se prevengan futuras atrocidades».

“La resolución aprobada es una bofetada para los defensores de los derechos humanos y activistas por los derechos de las mujeres en Afganistán que ven con horror como el Estado de derecho se desmorona alrededor de ellos”, comentó el director en Ginebra de la ONG Human Rights Watch, John Fisher.

Estados Unidos tuvo una modesta intervención en esta discusión y se limitó a pedir que se privilegie la protección de los civiles y reclamó que se permita la salida del país de todos los extranjeros y afganos que deseen hacerlo. Poco después, los talibanes dijeron que no extenderán el plazo de evacuaciones más allá del 31 de agosto -conforme lo acordado con Washington– y que ahora está prohibido que los afganos vayan al aeródromo desde el que salen los vuelos. China adelantó que mantendrá relaciones de cooperación con Afganistán y defendió que la solución de la crisis debe depender únicamente de los afganos, sin injerencias extranjeras.

El embajador chino ante la ONU en Ginebra aprovechó la ocasión para reclamar que se haga responsables a EEUU y al Reino Unido “por las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus tropas” en Afganistán y dijo que la resolución que se preparaban a adoptar debía cubrir este asunto, lo que no ocurrió. Rusia dijo que un proceso de paz podría llevarse adelante en un formato en el que participarían Afganistán, Pakistán, China, EEUU y Moscú.

El CDH se volverá a reunir a partir de la segunda mitad de septiembre en su periodo de sesiones ordinarias y es previsible que, según se desarrollen las cosas en Afganistán, pueda volver a abordar esta cuestión y discutir sobre la necesidad de un mecanismo de vigilancia internacional.