De los RD$17,440,381,730 pagados por 27 expropiaciones de terrenos, a través del Ministerio de Hacienda, solo RD$5,478,257,907 habrían sido entregados a supuestos sucesores mientras que los RD$11,962,123,823 pararon según el Ministerio Público en la alegada “estructura de corrupción” que señala en la denominada operación Calamar en la que acusa a 20 personas, mayoría exfuncionarios del anterior gobierno.

De acuerdo con una relación en la página 48 de la acusación, algunos supuestos sucesores solo recibieron menos del 30% del pago a su nombre, teniendo que dar el resto a los exfuncionarios que encabezaban la red, en la cual Fernando Crisóstomo y Emilio (Mimilo) Jiménez serían brazos operativos.

Por ejemplo, están los sucesores de Manuel Reyes y Comprés, propietarios de la parcela 613 del Distrito Catastral 32 en el municipio Boca Chica, a nombre de quienes según el Ministerio Público, pagaron RD$1,030,692,600, pero recibieron RD$360,742,410 y los RD$669,950,190 restantes fueron a manos de los acusados.

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Caso Gatón

Otro caso es de los sucesores Gatón de la parcela 20 en Distrito Catastral 10-02 en Higüey, de RD$3,260,101,419 pagados solo les habrían entregado RD$683,610,822 y los RD$2,576,490,596 fueron a parte de los acusados.

Esta familia reclamó por más de 40 años el pago de un terreno de 25 millones de metros cuadrados que había sido declarado de utilidad pública en 1975 para crear el Parque Nacional del Este (Cotubanamá).

No obstante, fue entre febrero y marzo de 2020 que algunos integrantes firmaron tres acuerdos transnacionales por el monto.

De acuerdo con el Ministerio Público además de que esos terrenos fueron sobrevaluados, los implicados exigieron a los sucesores “que para pagarles tenían que entregarle más del 60% del monto total, y que la forma de obtener ese porcentaje era a través de cesiones de créditos”, a lo cual accedieron.

En el expediente reposan copias de algunas de estas autorizaciones de pago firmadas por el ministro de Hacienda Donald Guerrero, las cesiones de créditos como evidencias de que la familia Gatón recibió una parte pequeña de los pagos por los terrenos, que fueron acelerados en medio de la pandemia, elemento que resaltan los investigadores.

Cautelares

Aunque en la acusación el Ministerio Público establece que los hechos que imputa al grupo ocurrieron en 2019 y 2020, entre diciembre 2021 y julio 2022 solicitó medidas cautelares que dijo evitaron la distracción de más recursos públicos por 13,000 millones de pesos.

“Por las medidas cautelares trabadas de forma oportuna por el Ministerio Público, consistentes en oposiciones de pagos, libramientos, y transferencias de bienes inmuebles, que fueron autorizadas por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, se pudo evitar la distracción de aproximadamente trece mil cuatrocientos treinta y un millones doscientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta pesos con cuarenta y seis centavos (DOP 13,431,238,340.46), de los fondos públicos que quedaron pendientes de pagos, equivalente al 20% de las sumas que fueron distraídas y otros procesos de pagos que están bajo investigación”, afirma la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el expediente de 2,120 páginas.