Nolasco Rivas, abogado defensor de uno de los implicados en la Operación Camaleón, expresó su inconformidad con el proceso judicial al señalar que, a pocas horas de conocerse la medida de coerción contra su cliente, no ha recibido notificación formal de los documentos presentados por el Ministerio Público. “Al momento de ahora yo no tengo nada, sí tengo información de todo, pero formalmente no me han notificado”, aseguró el jurista.

El abogado también criticó la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva para los implicados, señalando que esta medida parece ser la opción predilecta de las autoridades judiciales. “El Ministerio Público nunca tiene otra opción, aparentemente”, afirmó con tono crítico.

Rivas consideró que, con base en el expediente presentado hasta el momento, los imputados deberían ser liberados.

Antecedentes del caso

La Operación Camaleón, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), desmanteló una presunta red de corrupción vinculada a la licitación para el control de la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Los principales acusados en este expediente incluyen al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; su coordinador de Despacho, Frank Díaz Warden; y otros funcionarios y empresarios ligados a la empresa Aurix S.A.S.

Entre los delitos que se les imputan están desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica. Según el Ministerio Público, los implicados habrían manipulado procesos de licitación para beneficiar a empresas que formaban parte de la red criminal.

El operativo que desmanteló la presunta red involucró más de 170 efectivos policiales y fiscales, quienes realizaron allanamientos en varias localidades del país, incautando documentos y otras pruebas que, según las autoridades, confirman las acusaciones.

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Expectativas en torno a la medida de coerción

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los acusados y una declaratoria de complejidad del caso, argumentando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Esta solicitud es consistente con su estrategia en otros casos de corrupción de alto perfil, lo que ha generado críticas por parte de la defensa, que insiste en que no existen fundamentos suficientes para justificar la prisión preventiva.

Se espera que el tribunal se pronuncie a las 11:00 de la mañana de este sábado sobre las medidas cautelares que se impondrán a los implicados.