El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Camaleón, una investigación que ha sacudido las estructuras de poder con la detención de siete personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado que ha afectado gravemente al Estado.

Entre los crímenes señalados figuran desfalco, estafa, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus actos ilícitos.

Dentro de los principales imputados se encuentra Hugo Beras, quien es acusado de liderar el fraude y adjudicar contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas para gestionar proyectos clave, como la red semafórica y el sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo.

El Ministerio Público lo identifica como el principal facilitador de la corrupción, aprovechando su posición para desviar fondos públicos a través de contratos fraudulentos.

Entre los arrestados también se encuentra Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho de Beras y su representante ante el Comité de Compras del INTRANT, quien, según la acusación, manipuló las decisiones de licitación para favorecer a empresas vinculadas a la red corrupta.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del INTRANT, tuvo supuestamente un papel crucial en la ejecución técnica del fraude, facilitando la adjudicación irregular de contratos y comprometiendo la seguridad vial.

José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochy», indica el documento que fue uno de los mayores beneficiarios económicos del esquema. Su empresa Aurix S.A.S., junto con Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L., fue utilizada para desviar fondos y lavar activos, con investigaciones que también lo vinculan al sabotaje de la red semafórica a finales de agosto de 2024.

Entre los detenidos, destacan también Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas, quienes colaboraron activamente en el fraude y el lavado de activos a través de empresas fachada como INPROSOL S.R.L.

Actualmente, los imputados permanecen bajo custodia en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional, a la espera de medidas de coerción.

Las autoridades aseguran que la Operación Camaleón es solo el comienzo de una serie de investigaciones que buscan desarticular este entramado criminal que ha vulnerado la seguridad y transparencia del Estado.