En 195 páginas, la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) explica los hallazgos de su investigación en la «Operación Coral» que desarticuló un presunto entramado militar-policial, societario y religioso que obtuvo sumas millonarias en operaciones ilícitas durante los dos períodos de gobierno del expresidente Danilo Medina.

En el expediente de solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán, el órgano persecutor establece que «los imputados crearon un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dadivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones que obtuvo el entramado».

Las autoridades establecieron destacaron 13 características de cómo operó la red durante ocho años bajo la protección del Pulpo:

Utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.

Convirtieron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental.

Constituyeron un entramado societario dentro del período en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable, transacciones millonarias.

Crearon una empresa para adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas.

Utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado.

Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización.

Desviaron fondos que eran para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribuciones de raciones alimenticias y viáticos presentando gastos ficticios para estafar al Estado Dominicano.

Concertaron entre funcionarios para ejecutar medidas y operaciones contrarias a la ley.

Falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado Dominicano.

Adquirieron decenas de bienes millonarios (Casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.

Poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.

Ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel.

Destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.

Contra los cinco imputados el Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo.