En su expediente de 195 páginas, además de hacer mención de oficiales que participaron en la distracción de fondos para favorecer al entramado militar religioso, la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) señala como imputados a ciudadanos que no habían sido reportados como detenidos en la Operación Coral.
Se trata del sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz y el cabo de la Policía Nacional, adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Eric Daniel Pereyra Núñez.
Según el documento de solicitud de medida de coerción, Montero Cruz fue arrestado el pasado sábado en flagrante delito por tener en su poder tres armas de fuego tipo pistolas, marca Glock, sin portar la documentación que ampare el porte legal de la misma. El arresto se produjo durante el allanamiento para desarticular la red Coral. El sargento se encontraba en un apartamento de la Torre Residencial Hariannet, propiedad del general Adán Benoni Cáceres Silvestre.
En el closet de la habitación donde se encontraba el sargento, las autoridades incautaron un cajón de plástico con documentos relativos a las transacciones bancarias de la supuesta red como poder especial de representación, comprobantes depósitos de altas sumas de dinero, contratos de ventas, etc. Además, como parte de las cosas incautadas, se le ocupó la suma de 3,214 dólares en un vehículo tipo jeep, marca Mazda.
«Una vez ocupados estos elementos de evidencias, se procedió a advertirle los derechos que le asisten como imputado, al señor Alejandro José Montero Cruz y ordenar su arresto por estar vinculado con esta empresa criminal de Lavado de Activos y otros tipos legales».
En el caso del policía Eric Daniel Pereyra Núñez, la Pepca lo acusa de asociación de malhechores, lavado de activos, testaferrato, entre otros.
Establece que Pereyra Núñez colaboraba constantemente en la movilización de fondos bajo instrucciones del coronel Rafael Núñez de Aza, quien además es su tío. Indica que el director financiero del CUSEP tenía por costumbre librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado: Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL. Ejemplo de algunos de estos cheques y depósitos son los siguientes:
La investigación encabezada por los magistrados Miriam Germán Brito, Yeni Berenice y Wilson Camacho señala que las empresas imputadas Único Real State e Inversiones SRL y la Asociación Campesina Madre Tierra, recibían fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de «compras de huevos», «compras de ganado», y otros depósitos sin concepto, para los cuales eran utilizados al cabo y otras personas investigadas
El nombre del oficial aparece como imputado entre las páginas del documento. Además, el órgano persecutor describe como uno de los elementos de pruebas para solicitar la medida de coerción el acta de autorización del arresto No. 00163-Abril-2021, emitido por la magistrada Kenya Romero Severino el 15 de abril de 2021.
Captación de fondos
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, mientras fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el gobierno de Danilo Medina, creó junto a otros miembros de organismos castrenses un entramado de “nóminas fraudulentas” para desviar fondos del erario, los cuales luego eran lavados en entidades religiosas y empresas que servían de fachada, de acuerdo a la solicitud de medida coercitiva.
Cientos de policías y militares se colocaban de manera fraudulenta en la nómina de CESTUR y la de CUSEP, cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, recibían un porciento de los ingresos a cambio de dadivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
La diferencia entre lo pagado y la dadiva iban a distintos miembros de la organización quienes debían entregarlos a los miembros de la organización. A está práctica se le llamada pitufeo.
En el año 2018 fue que se movilizaron más recursos, según las indagaciones de la Pepca, entre los depositantes identificados hasta el momento se encuentran los siguientes:
Persona que realiza la transacción | Monto total depositado |
Coronel Rafael Núñez de Aza | RD$32,835,200.00 |
Cristian Blas Serrano Lara | RD$24,884,710.00 |
Andrés Alcántara Lebrón | RD$3,000.000.00 |
Cabo P.N. Eric Daniel Pereyra Núñez | RD$37,820.000,00 |
Jacobo Horacio De La Cruz Duarte (ARD) | RD$1,000,000.00 |
Jaro Ramiro Hernández Restituyo (PN) | RD$1,000,000.00 |
José Manuel Rosario Pirón (PN) | RD$13,400.000.00 |
Luis Alberto Coronado Abreu (General de Brigada ERD) | RD$9.000.000.00 |
Mercedes Matías Jiménez | RD$1,000,000.00 |
Nicole Yomarys González Núñez | RD$2,500,000.00 |