Si la Dirección General de Migración necesitaba una razón poderosa para desistir de los operativos de madrugada, ilegales y atropellantes, que venía realizando en la región Este no obstante las recurrentes quejas y denuncias ya la tiene: la violación de una menor haitiana de 14 años por un hombre vestido de uniforme con el rostro oculto por un pasamontañas.

Según la denuncia depositada ante el Ministerio Público por la madre de la menor esta se encontraba sola en su casa del sector Kosovo, en Punta Cana, cuando alrededor de las cinco de la mañana un hombre vestido de militar irrumpió en la vivienda, le pidió un beso, a lo que ella se negó, y luego la violó. Para colmo, tras ser violada fue detenida junto a otros residentes del barrio, a los que les destruyeron sus casitas y los despojaron de dinero, celulares y sus escasas pertenencias, según lo que contaron activistas sociales de la zona.

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Un actuación que como puede verificarse en denuncias anteriores se ha convertido en un patrón, en un modus operandi que tarde o temprano nos iba a meter en problemas, como acaba de ocurrir con la adolescente abusada, un hecho que la embajada de Estados Unidos en el país calificó de “extremadamente y preocupante” y para el cual pidió rápida respuesta y sanción.

Y como es la Embajada (así con mayúsculas) la que está preocupada y no un cura de pueblo como Ángel Gullón, quien desde El Seibo se ha desgañitado denunciando los atropellos de que son víctimas los haitianos durante esos operativos de madrugada, ha sido el portavoz presidencial, Homero Figueroa, quien ha salido a dar la cara en nombre del Gobierno y ofrecer garantías de que el hecho “no quedará impune”.

Que es lo que deseamos todos tratándose de un hecho tan repudiable, pero desde el gobierno se debe tomar nota de lo que ocurre cuando no se actúa a tiempo para detener acciones y comportamientos claramente reñidos con la ley y los derechos de los inmigrantes haitianos en situación irregular.