El año 2026 no debe ser visto por los dominicanos como un simple cambio de calendario, sino como el inicio de un pacto nacional por la ética, la institucionalidad, la transparencia y la cohesión social. Representa la oportunidad de enfrentar la corrupción, la impunidad y la desigualdad, así como de construir un capitalismo ético que garantice el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible.

Es responsabilidad del liderazgo político, empresarial, laboral, social, académico, religioso y profesional de la República Dominicana aprovechar el 2026 para concretar las decisiones, acciones y acuerdos que permitan implementar las reformas sociales y estructurales que debieron realizarse hace mucho tiempo. Entre ellas:

Reforma integral del sistema de seguridad social, que asegure sostenibilidad, pensiones dignas y servicios de salud de calidad para todos.

Fortalecimiento de la institucionalidad, con mecanismos efectivos de rendición de cuentas, combate a la corrupción y un sistema creíble de consecuencias que sancione a quienes incurran en malas prácticas.

Compromiso del sector empresarial con un capitalismo ético, que priorice la dignidad laboral y la responsabilidad social.

Incentivos a la formalización laboral, reduciendo cargas excesivas y ofreciendo beneficios claros tanto para trabajadores como para empleadores.

Plan nacional de seguridad vial, con inversión en transporte público, educación ciudadana y controles más estrictos.

2026: Un compromiso colectivo por una sociedad más institucionalizada

Tomando como referencia las opiniones expresadas de manera continua y espontánea en las redes sociales, en los medios tradicionales de comunicación y en otros espacios públicos y privados, puede interpretarse que las aspiraciones de un segmento importante de los ciudadanos dominicanos para el año 2026 se orientan a que los tomadores de decisiones en los ámbitos gubernamental, empresarial, laboral, social y académico concentren sus esfuerzos en abordar con responsabilidad y de manera significativa los siguientes aspectos:

Muchos dominicanos desearían que el 1 de enero de 2026 el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona pidiera perdón al pueblo dominicano por haber nombrado a personas corruptas en agencias y entidades gubernamentales, quienes incurrieron en abuso de confianza. Hasta que se demuestre lo contrario, Abinader, al igual que otros presidentes dominicanos, ha sido traicionado por amigos de su más íntima confianza.

Que los responsables de diseñar, aplicar y controlar políticas públicas lo hagan desde la perspectiva de la solidaridad humana y el bien común, y no desde el clientelismo político partidista. Las políticas sociales deben ser instrumentos para contrarrestar las fuerzas restrictivas que impiden la erradicación de la pobreza y las desigualdades sociales.

El gobierno debe comprender que resulta absurdo, injusto e inhumano mantener un salario mínimo de diez mil pesos mensuales en el sector público. Según datos del Banco Central, el costo de la canasta familiar más baja en República Dominicana ronda los RD$48,138.35 mensuales y podría cerrar el 2025 en RD$50,000, lo que representa una fuerte presión para los servidores públicos que perciben el salario mínimo vigente.

Que las autoridades actuales del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reduzcan la retórica y elaboren e implementen soluciones viables y sostenibles que disminuyan los altos niveles de insatisfacción que padecen los ciudadanos de manera constante.

Que los legisladores asuman con responsabilidad y prioridad el proceso de reforma integral de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Un segmento significativo de la población se resiste a que los servicios de salud y las pensiones continúen siendo gestionados por empresarios rentistas, propietarios de las ARS y AFP.

Que la seguridad ciudadana no se limite a la emisión de un decreto presidencial (número 645-21), mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía. La seguridad ciudadana es un servicio transversal y estratégico que impacta directamente la calidad de vida de los ciudadanos; es mucho más que una narrativa mediática gubernamental.

Que los líderes de las organizaciones laborales y los trabajadores, tanto públicos como privados, no permitan que empresarios y legisladores eliminen del Código de Trabajo la cesantía. Por naturaleza, la mayoría de los empresarios dominicanos son violadores permanentes de los derechos laborales.

Que los líderes de las principales universidades dejen de comportarse como empresas rentistas y asuman un liderazgo más activo, responsable y visionario en el establecimiento de un modelo de desarrollo integral, inclusivo, solidario, crítico, ético y humano. Las academias son instituciones esenciales para impulsar cambios significativos y sostenibles que generen prosperidad individual y colectiva.

Que el Estado y el sector empresarial unan esfuerzos para crear empleos dignos que permitan a los ciudadanos insertarse en el mercado laboral. Es necesario evitar que el talento joven, formado en universidades dominicanas y extranjeras, se vea impedido de aplicar sus competencias y habilidades por falta de condiciones mínimas en empresas y agencias públicas. Resulta preocupante que más del 54 % de la población ocupada permanezca atrapada en la informalidad laboral, sin acceso a seguridad social ni estabilidad.

Que el crecimiento económico de la República Dominicana se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo integral, con capacidad real para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad social y económica. Es contradictorio afirmar que la economía crece de manera sostenible mientras el gobierno debe recurrir a préstamos nacionales e internacionales para mejorar las inversiones y los servicios públicos.

Que los políticos dominicanos comprendan que la política es un medio para lograr el bienestar común, no un instrumento para acumular riquezas materiales ni cuotas de poder que luego se utilizan para legitimar la corrupción y la impunidad. En el año 2025, el Estado dominicano, a través de la Junta Central Electoral (JCE), entregó RD$1,500 millones a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos (Diario Libre, 20 de febrero de 2025).

Del estancamiento al progreso: factores clave para mejorar en 2026

Los colaboradores del presidente Luis Abinader —ministros, viceministros, directores, subdirectores generales, responsables de organismos gubernamentales y amigos cercanos— deben enfocarse en realizar una gestión eficiente en las agencias y entidades públicas que dirigen. No es prudente “soltar en banda” al presidente para emprender, de manera precipitada, proyectos políticos inorgánicos y con escasas posibilidades de ser respaldados por la mayoría de los dominicanos. Si Luis Abinader Corona fracasa en su segundo período de gobierno, en 2028, el PRM perderá el poder.

Los directivos, ejecutivos y voceros de las Asociaciones Dominicanas de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud (ADAFP y ADARS) no deben seguir engañando a los afiliados con el discurso de que las AFP y ARS ofrecen pensiones dignas y servicios de salud de calidad. La realidad que viven y padecen los afiliados de la seguridad social dominicana demuestra lo contrario: una cosa es la narrativa y otra muy distinta la experiencia cotidiana.

Todos los servidores públicos deben asumir con responsabilidad, entrega, empatía, resiliencia y ética las funciones por las que reciben un salario proveniente de los impuestos de los contribuyentes. Para que el presidente Abinader logre una buena gestión, es indispensable que desde las agencias públicas y organismos gubernamentales se ofrezcan servicios oportunos, de calidad y con trato humano a todos los ciudadanos.

Cada dominicano, entre sus metas para 2026, debería proponerse ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor veedor de los recursos del Estado y mejor defensor de los recursos naturales no renovables. Para que la República Dominicana se convierta en una sociedad capaz de generar riqueza para todos los sectores sociales, será imprescindible que sus ciudadanos reclamen en las calles a quienes violan las leyes, reglas y normas, un compromiso más sincero y creíble con la institucionalidad. La falta de institucionalidad solo incentiva el caos y el “sálvese quien pueda”.

Una sociedad que exige transparencia y justicia

Ojalá que los dominicanos que aspiran —y merecen— vivir en una sociedad decente, institucionalizada, ética, transparente, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana, se motiven a crear mecanismos de presión social y reclamos legales. A través de ellos deben expresarles a los políticos corruptos y a los empresarios sin escrúpulos que no pueden seguir apropiándose de los recursos públicos, los cuales deberían invertirse en salud, educación, obras públicas, energía eléctrica, agua potable, transporte público, deportes y recreación. Entiéndase, usar el dinero del Estado en servicios que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La sociedad dominicana enfrenta múltiples desafíos que no pueden seguir postergándose. Mucho menos puede confiar ciegamente en que su liderazgo político, empresarial, laboral, académico, religioso y gremial posee la visión transformadora, el compromiso social y la solidaridad colectiva necesarios para convertir al país en una nación próspera, capaz de generar riqueza para todos, y no solo para unas pocas familias que históricamente han incrementado sus patrimonios materiales ordeñando la res pública.

Un llamado espiritual para el 2026

En el año que inicia, 2026, es necesario invocar a las tres personas divinas —Padre, Hijo y Espíritu Santo— para que acompañen al pueblo dominicano en la construcción de un liderazgo político, empresarial, laboral, religioso, académico, intelectual y profesional más orgánico, institucional, democrático, humano, responsable, ético, solidario, transformador y resiliente; y menos rentista, corrupto, egocéntrico y deshonesto.

En el mismo orden, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación deben asumir un rol más activo, significativo y constante, con el fin de impedir que políticos y empresarios continúen apropiándose de los recursos que pertenecen al pueblo dominicano.