En la República Dominicana, la ausencia de una educación sexual sistémica en las escuelas no es un vacío neutro; es un espacio que llenan la desinformación, el abuso y el ciclo de la pobreza.

Según datos de la Encuesta Multicomportamiento de Hogares (ENHOGAR, instrumento estadístico nacional que mide indicadores sociales), el país mantiene una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes de América Latina.

No se trata solo de cifras: son cuerpos de niñas enfrentando partos de alto riesgo y proyectos de vida truncados. Como especialista en piso pélvico, vemos en consulta las secuelas físicas de inicios sexuales precoces o traumáticos. La falta de Educación Sexual Integral (ESI, enfoque pedagógico que aborda la sexualidad desde lo biológico, emocional y social) impide que los menores identifiquen qué es un "toque indebido", facilitando que las cicatrices invisibles del abuso se conviertan en patologías físicas y disfunciones sexuales en la adultez.

¿Qué hacer?

Para proponer soluciones efectivas, es útil observar modelos que han transformado sus indicadores sociales a través de políticas públicas coherentes. En los Países Bajos, por ejemplo, el enfoque sobre relaciones y sexualidad comienza desde los cuatro años de edad, centrándose no solo en la biología; más bien, en el respeto mutuo, el consentimiento y el establecimiento de límites personales.

El resultado ha sido contundente: poseen una de las tasas de embarazo adolescente y de VIH más bajas del planeta. En nuestra propia región, Uruguay se ha convertido en el referente principal al implementar la educación sexual integral de manera transversal en todo su sistema educativo.

Su éxito radica en desmitificar el tema y tratarlo como un asunto prioritario de salud pública y derechos humanos, logrando una reducción sostenida en la maternidad forzada en menores de 15 años.

Mientras estos países avanzan hacia la protección de la autonomía física, en la República Dominicana la resistencia deja a los jóvenes vulnerables al algoritmo de internet, que suele ser su único y distorsionado educador.

Responsabilidad compartida

Lograr este cambio requiere una mirada tripartita donde nadie evada su rol. El Estado tiene la obligación de garantizar que la educación sexual integral sea una política pública blindada contra prejuicios, proporcionando a los docentes las herramientas científicas necesarias para educar sin miedo.

Por su parte, la escuela no debe ser vista como un sustituto del hogar; más bien, como el espacio técnico donde se formalizan conceptos de salud, prevención y respeto que salvan vidas.

Sin embargo, este esfuerzo es incompleto sin los padres. La familia es el núcleo primario donde se debe validar la confianza; los padres no deben temer a la educación sexual en las aulas, es verla como una aliada que les permite hablar con sus hijos con naturalidad, reforzando en casa los valores de dignidad y cuidado personal.

Cuando el Estado legisla, la escuela enseña y los padres acompañan, el riesgo de abuso y trauma disminuye drásticamente.

Sugerencias para la República Dominicana

Propongo que la educación sexual integral en nuestras escuelas se fundamente en pilares científicos esenciales: priorizar la prevención del abuso mediante el conocimiento del propio cuerpo, fomentar una alfabetización emocional para entender el consentimiento y garantizar el acceso a información veraz sobre salud reproductiva.

Debemos entender que educar no es incitar; educar es proteger. Al final del día, las cicatrices más profundas son aquellas que pudieron evitarse con una palabra a tiempo en el aula y un abrazo de respaldo en el hogar.