El Gobierno anunció con entusiasmo la nueva ley de compras y contrataciones 47-25 que cambia radicalmente las reglas de juego, sustituyendo la ley no. 340-06. Esta nueva normativa tiene las garras peludas bien afiladas. Pasa de blandas sanciones administrativas a duras sanciones penales.

Los funcionarios, legisladores, contratistas y empresarios que negocien con el Estado y cometan algún delito: tráfico de influencias. Colusión entre proveedores y funcionarios. Adjudicación fraudulenta de contratos y uso indebido de información privilegiada para beneficiar particulares; entre otros, tendrán que afrontar responsabilidades penales, entre 2 y 5 años de prisión y en otros casos penas hasta 10 años de cárcel, que era una de las grandes debilidades que se le cuestionaba a la ley anterior.

En buen dominicano, los funcionarios que configuren procesos de compras a un suplidor o contratistas son candidatos VIP a la cárcel. En un sistema que ha institucionalizado prácticas que ahora están penalizadas y una justicia selectiva que protege a los empresarios con generosos acuerdos de impunidad, legitimados entre los operadores de justicia, les garantiza a los bendecidos por el Ministerio Público el debido proceso y no tienen ni que pasar por “go”; degradando social y jurídicamente solo a los políticos.

El presidente Abinader no escatima esfuerzo es reafirmar las razones sociales que le llevaron a la presidencia de la República, entre ellas, la principal la corriente de la anti política y la lucha contra la corrupción. Esa parece ser su prioridad particular, su íntima convicción, sin importar las consecuencias que esta implique para el crecimiento económico. Quizás bajo la idea de que cuando descienda las escalinatas del Palacio Nacional su gran legado será que nadie podrá endilgarle complicidad alguna con los casos de corrupción.

No obstante, su Gobierno parece que transita por otra vía porque se ha visto seriamente cuestionado por alquileres escandalosos como los de Bartolomé Pujals, cuando fue director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), protegido y enviado a “enfriarse” como embajador ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), violando la normativa de la aviación civil.

Otros casos han explotado públicamente como el del Seguro Nacional de Salud (SENASA) que según el Dr. Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de esa entidad, el esquema de pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) fue utilizado para financiar la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como recogen testimonios de imputados en el caso.

Hay otras instituciones que no han dado pie ni cabeza como el ITLA, que, ante conflictos éticos y presuntas irregularidades, ha tenido que cancelar varios directores sin que hasta el momento -de la redacción de este artículo- se produzca alguna investigación seria.

El país espera una explicación creíble sobre la situación financiera del Banco Agrícola y la razón de préstamos otorgados a familiares de funcionarios, legisladores del partido de Gobierno y a particulares muy particulares y la diosa Temis de la justicia aún no les alcanza.

Entidades de Seguro que en vez de explicaciones los extitulares rehúsan aclarar. Fideicomisos que andan a sus anchas y brillan por su opacidad. Ex ministros de Educación que manejaron el presupuesto como si fuera su finca personal. Y otros, incluyendo supuestos precandidatos presidenciales que al momento de su designación le modificaron la ley para darle su feudo.

Mientras las leyes van -recuerden el nuevo Código Penal que entra en agosto con cúmulo de penas incluido- y la justicia encarnizada viene (o vendrá en su momento a limpiar el Gobierno) hay un contraste muy marcado entre la narrativa y la práctica.

Al Ministerio Público le corresponde en esta etapa del gobierno demostrar si verdaderamente es independiente, pero al Gobierno no se le puede olvidar que además de leyes, intenciones, decretos, declaraciones y resoluciones contra la corrupción su principal propósito debe ser que la economía dominicana no cierre con un anémico crecimiento de 2.1% como arrojó recientemente el Banco Central en referencia al año 2025. Meta imposible lograr con funcionarios atemorizados a ejecutar sus presupuestos por miedo a caer en la hoguera.

El crecimiento económico saca gente de la pobreza. Amplia la clase media. Construye puentes, hospitales, correteras, acueductos, mejora la calidad de vida de la gente y crea las condiciones para la estabilidad social y política que necesita un presidente para gobernar y hasta permitir que su partido se mantenga en el poder.

El otro camino solo conduce a las profecías que hizo Mirabeu al ver los excesos y la forma arbitraria de actuar del monarca Luis XVI en la etapa previa a la revolución: “así se conduce un rey al patíbulo”.