En una conferencia en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, realizó una presentación magistral en la cual dijo que someterán una reforma fiscal; sin decir, por supuesto, que someterán una reforma fiscal.

Un juego de palabras ingenioso que por un lado describe la cruda realidad del país con tasas de crecimiento económico muy por debajo de su potencial –2.1% el año pasado vs el promedio del 5% de nuestra economía– y, por otro, revela la intención del gobierno de relanzar una economía que por incompetencia gerencial o miedo –a sacrificar capital político– da señales de agotamiento.

A pesar del turbulento orden global donde la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva dijo que la incertidumbre es la nueva normalidad, como consecuencia de las secuelas económicas que está desencadenando –incremento precios energía, barril del petróleo, inflación, alimentos, mercados financieros– el conflicto entre los Estados Unidos, Israel e Irán.

Algunos indicadores del sector externo de la economía dominicana –sin que aún se sienten los efectos del conflicto– dieron buenas señales el año pasado: récord en Inversión Extranjera Directa (IED) que superó US$5,000 millones; remesas cercanas a los US$11,866 millones; exportaciones –impulsadas por el alza en el precio de la onza de oro– US$15,931 millones.

Uno de los principales pilares de la economía dominicana, el turismo, aportando más de US$11,300 millones, entre otros factores relevantes que muestran una gestión macroeconómica resiliente. Sí, hay que reconocerlo. El gobierno del presidente Abinader ha mantenido la estabilidad macroeconómica.

Otros factores internos, no obstante, cuentan otra historia.

El sector de la construcción, que venía padeciendo la maldición de la inversión en capital más baja de los últimos 70 años -2.23%– acumuló cinco trimestres con crecimiento negativo, impactando fuertemente la economía por su aporte al PIB. Afortunadamente, se reactivó en enero de este año, alcanzando una expansión de 7.6% según el Banco Central.

Nos quieren tomar de tontos al afirmar que “el problema del sector eléctrico es una gran oportunidad de mejora” para intentar tapar –y que no se vea la podredumbre– la incompetencia de unas autoridades a las que les ha salido más cara la sal que el chivo. El déficit eléctrico que crece y crece, supera con creces el dinero recuperado de los casos de supuesta corrupción –con acuerdos de impunidad– que ha impulsado con mucha pena y poca gloria el Ministerio Público.

Un ejemplo elocuente lo presenta el reportaje del periódico “El Dinero”, que basado en datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) sostiene que el gasto en subsidio eléctrico pasó de RD$ 31,337.6 en 2019 a RD$ 105, 849.1 millones en 2025. Multiplicándose por más de tres, al mismo tiempo, los apagones persisten –con blackout incluidos– las tarifas suben y la calidad del servicio sigue siendo deficiente… ¡Mejórenlo primero y después hablamos!

Otro punto en el que el ministro parece haberse extraviado en su camino “hacia la nueva fiscalidad” es la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios Industrializados (ITBIS). Entre sus colegas existe prácticamente un consenso de que la evasión ronda casi del 50%. Esto sí que representa “una oportunidad de mejora” si el gobierno busca seriamente más recursos sin afectar a los que don Pablo Mckinney denomina “el club de los pendejos”.

Cuando el senador Fernández propuso indexar el salario de más de setecientos mil trabajadores, recordándole al Gobierno que está establecido en el artículo 327 del Código Tributario, afirmé en varias ocasiones que la respuesta más sensata vino de Magín Díaz, quien se comprometió en La Semanal a estudiar la propuesta para evaluar donde sacar los recursos sin afectar la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, resulta inquietante que, en su presentación en la Cámara de Comercio, el ministro reconozca como “mala señal” la falta de indexación salarial, pero al mismo tiempo proponga un desmonte gradual del subsidio eléctrico y de los combustibles. Un incremento de los precios del agua, la basura y el marbete. Y muy, muy tímidamente, hable sobre los incentivos fiscales, sin mencionarlos con nombre y apellido, en los que el país destina casi cuatrocientos mil millones de pesos... Lo que también ministro, pudiera representar una buenisisíma “oportunidad de mejora” para el gobierno.

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) plantea un pacto fiscal integral y para eso se requiere valentía. No joder a una mayoría y marearnos con eufemismos para favorecer los intereses de una minoría.

¡Así no, Magino!