La decisión del Gobierno de transformar el método de recaudación de las oficinas consulares, dándole salarios justos a sus titulares, constituye una acción sumamente positiva. Desde siempre, la designación en el ámbito consular representó la vía por excelencia para acumular ingresos exorbitantes en el club de agraciados mediante un decreto presidencial.

En la lógica estrictamente clientelar no importaban las credenciales indispensables para el desempeño efectivo, sino el objetivo de distinguir económicamente al colaborador, familiar o político con problemas de salud. Al final, perdía la comunidad en el exterior, que recibía un funcionario sin el menor criterio y desvinculado de la dinámica en la jurisdicción para la cual era designado. En algunas demarcaciones en particular, incluso las limitaciones en el dominio del idioma constituían obstáculos que no eran tomados en cuenta, lo que provocaba una imagen distorsionada de nuestro país al no poder exhibir parámetros indispensables para el justo desempeño.

El error en designar personajes sin credenciales se profundizó en la medida que se tornó un factor determinante tanto en el desarrollo comercial como en la representación política. Esto sucede esencialmente en los Estados Unidos, donde los dominicanos han crecido de forma vertiginosa y la interlocución con las autoridades de aquella nación se torna clave para un mayor entendimiento del fenómeno. La trascendencia de la presencia dominicana en aquel país es de tal magnitud que nos ubica incluso en el Congreso, con un representante de origen dominicano que obtiene un gran caudal de votos en el Alto Manhattan, el Bronx, Brooklyn y otros distritos electorales de alta relevancia política.

Lo irónico en la reducción de ingresos a los designados en posiciones consulares reside en que, con los nuevos criterios oficializados por la Cancillería, se abren las oportunidades para que activistas, profesionales y diestros exponentes de la comunidad en el exterior ocupen los espacios que siempre debieron recaer en sus manos, pero que la lógica clientelar y de gracia económica impedía. En ese orden, la acción del Gobierno, ponderada y aplaudida, acompaña la transparencia en el manejo de las finanzas públicas con el definitivo entierro de una de las prácticas más aberrantes en materia de premiar la politiquería.

Con la transformación del método salarial del funcionario consular, el Gobierno se anota un reconocimiento de la ciudadanía, estableciendo en el terreno de los hechos una acción retardada por años y oficializada en toda justicia.